San Juan se juega una carta clave en el Senado: qué pasará con las minas que se cierren

El Senado de la Nación pondrá este miércoles a las 15 sobre la mesa un tema que en San Juan se sigue con atención especial: cómo deben cerrarse las minas y quién paga la remediación cuando la actividad termina. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el Salón Azul del Palacio Legislativo, analizará tres proyectos que buscan poner reglas claras a esa etapa final de los emprendimientos.

La discusión no es menor para la provincia. San Juan tiene yacimientos metalíferos en plena producción, otros que avanzan hacia la construcción y una batería de proyectos de exploración. Una norma específica definiría cómo deberán organizarse las compañías para afrontar el cierre y, sobre todo, para que los costos de la remediación no terminen recayendo sobre el Estado.

Tres proyectos, un mismo objetivo

Los legisladores tienen sobre la mesa tres iniciativas con diferencias entre sí, pero con una meta común: fijar un régimen que contemple las obligaciones de las empresas antes, durante y después de la explotación de los yacimientos.

Se trata del expediente S-285/25, presentado por el fallecido senador Antonio Rodas; el S-257/26, impulsado por Flavio Fama y Edith Terenzi; y el S-525/26, promovido por Lucía Corpacci.

El proyecto de Rodas establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la etapa de cierre. En tanto, las propuestas de Fama y Terenzi y de Corpacci plantean incorporar al Código de Minería un título específico bajo la denominación "Régimen de Cierre de Minas".

Planificar el final desde el primer día

Uno de los puntos centrales de las iniciativas es la obligación de presentar un Plan de Cierre de Minas desde el arranque de las operaciones, acompañado por el correspondiente Informe de Impacto Ambiental. Ese plan debería actualizarse periódicamente para reflejar los cambios que se produzcan a lo largo de la vida útil del emprendimiento.

La lógica es que las obligaciones ambientales y financieras formen parte de la planificación desde el comienzo, en lugar de quedar pendientes para el final de la vida útil de cada yacimiento.

Entre las obligaciones contempladas aparecen la estabilidad física y química de los sitios intervenidos, la rehabilitación de las áreas afectadas y la implementación de medidas de control una vez finalizada la explotación. También se busca que las empresas cuenten con recursos económicos suficientes para cumplir con esas tareas.

Las garantías, el corazón del debate

Ese último aspecto es uno de los ejes centrales de la discusión. Las iniciativas prevén garantías financieras, fondos o instrumentos que permitan cubrir los costos del cierre y del período posterior. Si una compañía incumple sus compromisos, podrían ejecutarse esas garantías para financiar las medidas necesarias, en lugar de trasladar automáticamente la responsabilidad a la provincia o al Estado nacional.

Los proyectos también contemplan mecanismos permanentes de vigilancia y monitoreo ambiental para después de la finalización formal del cierre.

Otro punto incluido en las propuestas es el acceso público a la información y la participación de las comunidades en la evaluación de los planes de cierre. En particular, la iniciativa de Fama y Terenzi establece procedimientos participativos antes de la aprobación de cada plan, para que las poblaciones vinculadas con los emprendimientos puedan conocer las medidas previstas y acceder a información sobre su cumplimiento.

El mapa minero sanjuanino, en juego

El debate legislativo llega mientras San Juan busca ampliar su actividad minera, con especial interés en el cobre, además de la producción de oro y plata.

Entre las operaciones en marcha figuran Veladero, en Iglesia; Gualcamayo, en Jáchal; Casposo, en Calingasta, que atraviesa un proceso de reactivación; y Hualilán, en Ullum, que se incorporó recientemente al segmento productivo aunque con un paso en falso: ahora su producción está detenida mientras la empresa redefine acciones.

Cada emprendimiento tiene características y etapas operativas diferentes, pero todos forman parte de una actividad que exige planificación ambiental a largo plazo.

A ese escenario se suman los proyectos que buscan avanzar hacia la explotación a gran escala. Josemaría, integrado al distrito Vicuña junto con Filo del Sol, en Iglesia, es uno de los principales desarrollos cupríferos de la provincia. Los Azules, en Calingasta, avanza en su preparación para una futura etapa productiva, mientras que El Pachón, también en Calingasta, continúa con sus estudios de factibilidad.

En paralelo, otros emprendimientos desarrollan tareas de exploración avanzada, perforaciones y preparación de campañas como Altar, Lunahuasi, Taguas y Del Carmen, entre otros, junto con numerosos prospectos distribuidos en la cordillera y la precordillera sanjuaninas.

La referencia de Chile y Perú

Los fundamentos de las iniciativas señalan que países mineros como Chile y Perú ya cuentan con regulaciones específicas para el cierre de faenas. En Argentina, en cambio, las obligaciones están contempladas de manera indirecta en la normativa minera y ambiental, sin un régimen integral uniforme.