San Juan sumaría nueve cargos de magistrado por la nueva ley penal juvenil

El desembarco pleno de la ley penal juvenil en San Juan obligaría a ampliar la estructura judicial con nueve nuevos cargos de magistrados y funcionarios. La propuesta que se analiza en la Corte de Justicia apunta a cubrir las necesidades que plantea el régimen que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Hoy el fuero juvenil funciona con dos jueces de garantías, dos fiscales, dos asesores de menores y dos defensores oficiales: ocho cargos en total. La iniciativa sumaría dos jueces de garantías de primera instancia, un juez de ejecución penal, dos fiscales, dos asesores de menores y dos defensores oficiales, con lo que la estructura treparía a diecisiete.

Por qué harían falta más jueces

En el máximo tribunal provincial evalúan que esa es la cantidad mínima para aplicar a pleno el nuevo régimen, que además de bajar la edad de imputabilidad contempla medidas complementarias para resocializar a los menores que cometan delitos. No obstante, el número definitivo podría variar: la idea es acordarlo con el Ejecutivo por el costo que implicará.

El punto de fondo es garantizar el debido proceso y la imparcialidad. Con solo dos jueces, uno interviene en la etapa previa al juicio y el otro conduce el debate; para revisar una sentencia se necesita un tercero ajeno al proceso. El juez de ejecución penal, en tanto, controlaría que las sanciones y medidas se cumplan, un rol que se articula con el de las supervisoras designadas por el Ejecutivo.

Dos caminos posibles para crear los cargos

Los cargos deben crearse por ley y hay dos alternativas. La primera es que la Corte de Justicia ejerza su poder de iniciativa legislativa y envíe un proyecto a la Cámara de Diputados. La segunda es que lo haga el Ejecutivo. El antecedente más cercano es el del sistema acusatorio: en 2019 fue el máximo tribunal el que despachó el proyecto de implementación, que requería crear 314 cargos de los escalafones de magistrados, funcionarios y personal administrativo.

Los cargos de magistrados despiertan interés entre los abogados por dos razones: el salario y el poder. Según fuentes vinculadas al Poder Judicial, jueces y fiscales de primera instancia, defensores y asesores cobran unos 8 millones de pesos por mes, según paguen Ganancias o no y de acuerdo con la antigüedad.

Una cuenta simple: si los nueve cargos cobraran 8 millones de pesos cada uno, la masa salarial rondaría los 72 millones de pesos por mes y los 936 millones al año con aguinaldo. Es solo una parte del costo de aplicar el nuevo régimen penal juvenil en San Juan, porque a eso hay que sumarle personal técnico y administrativo, además de la inversión en infraestructura.

El paso previo: el Código de Procedimiento Penal Juvenil

Antes de crear nuevas estructuras, la provincia necesita sancionar el Código de Procedimiento Penal Juvenil. Una comisión integrada por especialistas del Ejecutivo y del Poder Judicial ya tiene listo el proyecto y se lo envió al gobernador Marcelo Orrego para que lo revise antes de remitirlo a la Legislatura provincial.

Por ahora no hay fechas confirmadas. La intención es que los diputados lo traten y lo aprueben antes de fin de año, para que San Juan cuente lo antes posible con la normativa de base que necesita para aplicar de manera integral la ley nacional que modificó el proceso de juzgamiento de los menores.