San Juan tiene nueva ley penal juvenil: el cambio que pedían desde la Corte

La Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto que envió la Corte de Justicia para adaptar la provincia al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. La norma funcionará como puente hasta que se sancione un Código Procesal Penal Juvenil definitivo, con sistema acusatorio y adversarial.

La sesión de este lunes tuvo un trámite exprés: los diputados presentes votaron a favor sin objeciones la Ley Complementaria del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que había llegado desde el máximo tribunal sanjuanino.

Antes de la votación, los legisladores se reunieron con el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur. De ese encuentro surgieron dos modificaciones al texto original, que tocaron los artículos 18 y 19 y estuvieron relacionadas con el presupuesto y con la figura del supervisor.

El punto que generó debate

El alcance temporal de la norma fue el tema que más planteos despertó. Desde el peronismo pidieron que quedara aclarado de manera expresa que el carácter transitorio también alcanza al rol del supervisor. La intención: que esa función quede atada al período de adecuación y se mantenga hasta que se apruebe el Código Procesal Penal Juvenil definitivo.

El artículo 18 establece que las disposiciones regirán el proceso penal juvenil de forma complementaria a la normativa vigente y con carácter transitorio, hasta que San Juan adecue su legislación procesal a la Ley Nacional 27.801.

Un contexto que apuraba la decisión

El escenario no es menor: desde el 5 de septiembre rige en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, mientras que San Juan sigue con su Ley 754-O, basada en un modelo procesal mixto inquisitivo. Por eso la Corte impulsó esta norma complementaria como una herramienta intermedia, a la espera de que la provincia sancione un sistema específico acusatorio-adversarial.

El proyecto incorpora herramientas que hasta ahora no tenían desarrollo específico dentro del esquema provincial, como la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado.

La figura del supervisor aparece ligada al seguimiento de las reglas de conducta cuando se concede una suspensión del proceso a prueba. Quien ocupe esa función deberá controlar el cumplimiento y comunicar periódicamente al juez las circunstancias que puedan requerir una modificación de la medida.

Olivares Yapur ya había explicado ante los diputados que el objetivo era adaptar la nueva legislación nacional al esquema procesal actual de San Juan, sin modificar de manera inmediata la Ley 754-O. También había remarcado que el régimen definitivo exigirá un sistema especializado, con jueces, fiscales, defensores y asesores específicos para adolescentes.