San Juan y el aborto legal: el informe que reveló un dato clave en medio de los recortes nacionales
El informe que mide el acceso al aborto legal en todo el país puso a San Juan en el mapa con un número que supera las mil prácticas, pero hay dos datos sobre la provincia que el relevamiento todavía no logra desglosar. Y el escenario nacional no ayuda.
El acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en San Juan dejó un registro concreto durante 2025: 1.657 prácticas realizadas en el subsistema público de salud, según el último informe de Proyecto Mirar, la iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health.
El dato fue completado con información de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) y permite ubicar a la provincia dentro del mapa nacional de la Ley 27.610, que regula el aborto legal en Argentina.
El relevamiento abarcó 20 provincias y contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) en todo el país durante 2025. Proyecto Mirar aclaró que, al comparar esas mismas jurisdicciones con el año anterior, no se detectaron cambios significativos en la cantidad de prácticas.
En ese contexto, San Juan quedó entre las jurisdicciones que superaron las 1.000 intervenciones y se ubicó en un rango intermedio del relevamiento nacional.
Los números más altos del país
Los registros más elevados correspondieron a Buenos Aires, con 41.446 prácticas; Ciudad de Buenos Aires, con 9.458; Córdoba, con 9.341; Santa Fe, con 4.094; Mendoza, con 3.370; y Tucumán, con 2.417.
También fueron relevadas Chaco (1.376), Chubut (805), Corrientes (1.933), Entre Ríos (1.360), Jujuy (1.973), La Pampa (403), La Rioja (1.101), Misiones (1.359), Neuquén (1.457), Río Negro (1.140), San Luis (1.447), Santa Cruz (873) y Tierra del Fuego (593).
Proyecto Mirar advirtió que la cobertura y la calidad de la información no fueron homogéneas entre jurisdicciones, por lo que recomendó cautela a la hora de comparar provincias.
¿Cómo se construyó el dato de San Juan?
El informe realizó pedidos de acceso a la información pública a las 24 jurisdicciones. En esta edición obtuvo respuestas de 16 provincias, mientras que la DNSSyR aportó información parcial para otras. Con esa base, el relevamiento completó los registros de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán.
Para la provincia, esto implica que el dato publicado es parte de una reconstrucción estadística apoyada en respuestas oficiales y no en una única fuente administrativa.
El escenario nacional: insumos y presupuesto
El estudio también analizó los cambios en la política sanitaria nacional desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según Proyecto Mirar, el Ministerio de Salud de la Nación discontinuó la compra de insumos destinados a los servicios de aborto y 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio.
A partir de datos de Presupuesto Abierto, el informe estimó una caída del 57% entre 2023 y 2026 en el gasto del programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable, y calculó una reducción del 93% en la cantidad de mujeres protegidas con métodos anticonceptivos financiados por ese programa al comparar 2024 con la proyección para 2026.
La red pública que sostiene la atención
Pese a ese escenario, el relevamiento registró durante 2025 una red pública de atención en las provincias informadas. En las 19 provincias que aportaron la cantidad de establecimientos, se identificaron 1.846 efectores públicos que garantizaban el acceso a IVE e ILE.
La atención se concentró principalmente en el primer nivel, y en 11 jurisdicciones alrededor del 90% de las interrupciones se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación.
En el caso de San Juan, el informe permite conocer el volumen de prácticas, pero no detalla cuántos efectores públicos garantizaron la atención ni cuánto destinó el Gobierno provincial a la compra de insumos, dos variables que siguen sin desagregación provincial en el relevamiento.
