El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, confirmó cuándo quedará reglamentada la Ley de Desarrollo Minero Local y qué pasará con su aplicación. Además, defendió los cambios en los plazos de evaluación ambiental.
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó que la Ley de Desarrollo Minero Local quedará reglamentada antes de que termine 2026 y que, apenas esté lista, se pondrá en marcha sin demoras. La normativa lleva meses en carpeta y el sector la sigue de cerca.
El funcionario explicó que la intención oficial es que la legislación no quede como un trámite más. Según dijo, el objetivo es que tenga resultados concretos y que se sostenga en el tiempo, más allá de quién gobierne.
Una herramienta de "clase mundial"
Perea fue claro sobre el estándar que busca el Gobierno provincial: "Nosotros no queremos una herramienta normal, sino que queremos una herramienta de clase mundial y que funcione. Las cosas deben funcionar".
En esa línea, planteó que la normativa debe trascender a las gestiones de Gobierno y permitir que futuras administraciones puedan introducir mejoras sin perder los objetivos iniciales.
El ministro recordó que cuando se sancionó la ley se fijó un plazo de 60 días para su reglamentación y ratificó el compromiso de cumplirlo dentro del año: "Dentro de este año esa ley va a ser reglamentada y va a empezar su aplicación inmediata".
Los 250 millones de Vicuña
Durante su exposición, Perea puso en valor el acuerdo firmado con la empresa Vicuña, que después ratificó la Legislatura provincial. El entendimiento contempla un aporte de 250 millones de dólares, que el ministro consideró una señal de confianza de la compañía en San Juan y en las condiciones para desarrollar nuevos proyectos.
"Una señal absoluta de confianza de la empresa en nuestra provincia", expresó, y manifestó su expectativa de que ese antecedente permita seguir avanzando con otras compañías del sector.
En su análisis sobre el escenario minero provincial, Perea destacó que San Juan se ubica como la segunda provincia con mayor empleo directo del país y que registra el crecimiento interanual más alto entre los distintos distritos mineros argentinos.
De 180 a 30 días: el cambio en la evaluación ambiental
Otro de los ejes de su discurso fueron los cambios en los procedimientos de evaluación ambiental. El ministro señaló que, antes de asumir la actual gestión, uno de los obstáculos para atraer inversiones era la demora en los trámites vinculados a los estudios de impacto ambiental.
Según detalló, históricamente esos procedimientos podían extenderse 180 días o más, incluso en los escenarios más favorables. Sin embargo, aseguró que actualmente las evaluaciones se resuelven en aproximadamente 30 días, una reducción significativa en los tiempos administrativos.
Ante las críticas que plantean que acelerar los procesos podría significar una flexibilización de los controles, Perea fue contundente: "Yo le digo que no es bajar la vara, sino que es ser eficiente y pensar y crear procesos óptimos".
El funcionario atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre el Gobierno y los equipos técnicos, además de la participación de las empresas operadoras, que transmitieron sus principales dificultades y necesidades.
"Creo que ese cambio no lo hizo una persona, tampoco lo hizo una empresa. Se absorbió información de las preocupaciones que tenía cada una de las operadoras y detrás mío había un gran equipo que se sentó a participar", explicó.