San Juan ya tiene media ley penal juvenil: lo que falta puede demorar todo
Aprobada por unanimidad, la norma parecía el paso clave para aplicar la ley penal juvenil en San Juan. Pero el propio Gobierno admite que falta lo más difícil: un código procesal definitivo, jueces especializados, lugares separados de los adultos y la plata para todo eso. El detalle que lo cambia todo, adentro.
La Legislatura aprobó por unanimidad una norma complementaria del Régimen Penal Juvenil, pero San Juan está lejos de poder aplicar el nuevo sistema nacional. Así lo admitió el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, quien aclaró que lo sancionado no es el Código Procesal Penal Juvenil que la provincia necesita.
"Dista mucho, por supuesto, de conformar un Código de Procedimiento Penal Juvenil como lo exige la nueva ley", declaró Ferrari a Canal 13. Según explicó, se trata de una reglamentación transitoria de las medidas complementarias que reclama el régimen nacional, vigente desde el 5 de septiembre.
Qué falta para que la ley funcione de verdad
El primer obstáculo es la estructura. El nuevo esquema exige jueces y operadores capacitados específicamente para causas de adolescentes, algo que la provincia todavía no tiene. Ferrari contó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto junto a la Corte de Justicia, las defensorías y otras áreas para compatibilizar la ley nacional con la realidad sanjuanina.
La norma aprobada incorporó la figura del supervisor, que dependerá de Niñez, Adolescencia y Familia o del organismo que designe el Ejecutivo. Su tarea será seguir de cerca las medidas impuestas a los jóvenes —sobre todo las reglas de conducta— con entrevistas frecuentes y reportes al juez. Si esas medidas no cumplen con el objetivo de reeducación y reinserción, podrán modificarse.
Infraestructura y plata: los otros dos frentes
El gobernador Marcelo Orrego ya anticipó que será necesario acondicionar los espacios físicos para que los adolescentes bajo el nuevo régimen estén en lugares separados de los adultos. A eso se suma el financiamiento: la ley facultó a los poderes Ejecutivo y Judicial a hacer las adecuaciones presupuestarias durante la transición.
El texto también contempla herramientas como la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado, con pautas para su aplicación y seguimiento.
Con la norma complementaria, San Juan ya tiene un marco transitorio para atravesar la implementación del régimen nacional. Pero el Código Procesal Penal Juvenil definitivo, junto con la adecuación de organismos, personal, infraestructura y recursos, sigue pendiente. Ferrari planteó que ese proceso debe surgir del consenso entre los sectores involucrados para cumplir con el principio de reinserción social que establece la nueva ley.