San Luis cambió las reglas para los adolescentes acusados: la detención ya no será la primera respuesta

El Ministerio Público Fiscal de San Luis aprobó un protocolo que cambia de raíz la manera en que se investiga a los adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de delitos. La resolución, firmada por el procurador general Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, es de cumplimiento obligatorio para todos los fiscales de la provincia.

La medida se apoya en la Ley Nacional Nº27.801, que instauró el nuevo Régimen Penal Juvenil, reglamentado el 4 de septiembre a través del Decreto 875/2026. La Resolución Nº45-MPF-2026 adapta la actuación provincial a ese marco y fija criterios uniformes para todo el territorio.

Qué deberá evaluar el fiscal desde el primer momento

Uno de los puntos centrales es que la edad del acusado ya no define por sí sola qué fiscalía interviene. Los delitos comunes seguirán en las Fiscalías de Instrucción, mientras que los hechos de violencia de género continuarán en las fiscalías especializadas, aunque el imputado sea menor de edad.

Lo que cambia es el abordaje. Desde el inicio, el fiscal deberá precisar qué edad tenía el adolescente al momento del hecho y hacer una evaluación individual que contemple la gravedad del delito, el uso de armas, la violencia, las amenazas o coacciones, la situación de la víctima y las condiciones personales y sociales del imputado.

El protocolo aclara que alcanzar la edad mínima de responsabilidad penal no equivale a presumir una capacidad de culpabilidad igual a la de un adulto. Por eso los fiscales deberán analizar el desarrollo cognitivo y emocional del joven, su comprensión de las consecuencias de sus actos y las circunstancias concretas del hecho.

También podrán pesar situaciones de miedo, presión de terceros, participación de adultos, consumo de sustancias, trastornos de salud mental o antecedentes de violencia y vulneración de derechos sufridos por el propio adolescente. Si esos elementos resultan relevantes, se pedirán evaluaciones interdisciplinarias y, cuando corresponda, pericias psicológicas, psiquiátricas o médicas.

El resultado puede incidir directamente en la causa: si se determina que el adolescente no tenía capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, se aplicará el régimen de inimputabilidad. Una capacidad disminuida también deberá considerarse al momento de definir la respuesta penal.

Tres niveles de gravedad y prioridades de persecución

El Ministerio Público Fiscal estableció una clasificación para ordenar sus prioridades. Los delitos leves, con penas máximas de hasta tres años, tendrán una fuerte orientación hacia mecanismos alternativos que eviten la privación de la libertad. Los delitos con penas superiores a tres y hasta diez años integrarán un grupo intermedio. En tanto, aquellos cuya pena máxima supere los diez años serán considerados de mayor gravedad y tendrán prioridad en la persecución penal.

Entre los hechos que recibirán especial atención aparecen los delitos dolosos contra la vida, los delitos contra la integridad sexual, los cometidos con armas de fuego y los que involucren violencia grave.

La edad también pesará. Para adolescentes de 14 a 16 años acusados de delitos leves o intermedios se priorizarán criterios de oportunidad, mediación y otras vías de resolución temprana. En los hechos más graves, en cambio, la investigación tendrá carácter prioritario.

El documento aclara que esta clasificación no funciona de manera automática: no alcanza con ubicar un delito en una categoría para decidir su archivo, juzgamiento o eventual sanción. Cada caso deberá analizarse de forma individual.

La libertad como regla y la detención como excepción

Otro de los ejes del protocolo son las medidas cautelares. La regla será que el adolescente atraviese el proceso en libertad. Si un fiscal pretende solicitar una restricción, deberá demostrar riesgos procesales concretos y explicar por qué no basta una alternativa menos gravosa.

La privación cautelar de la libertad quedará reservada como último recurso y por el menor tiempo posible. Si se dispone, el adolescente deberá permanecer en establecimientos especializados y separado de personas adultas.

El protocolo también prohíbe usar la detención para resolver situaciones asistenciales, problemas de adicciones, abandono o vulnerabilidad social. Esas circunstancias deberán ser abordadas por los organismos de protección, salud, educación y asistencia correspondientes.

La resolución busca una misma línea de actuación en toda la provincia frente a un cambio profundo del sistema penal juvenil. El desafío estará en su aplicación concreta: investigar los delitos más graves con prioridad, pero sin trasladar automáticamente a los adolescentes las respuestas pensadas para adultos.