San Luis copia el modelo cordobés que cambió para siempre los caminos rurales

El gobierno de San Luis avanza con un esquema que busca transformar el mantenimiento de los caminos rurales. La referencia es Córdoba, que lleva 65 años con consorcios camineros y, según los propios productores, encontró la fórmula para que la plata no se pierda en el camino.

Maximiliano Razzeto, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), conoce el sistema por dentro y lo defiende sin vueltas: “La experiencia de Córdoba es muy buena”. Aunque el modelo cordobés tiene décadas, Razzeto ubicó los avances más importantes en los últimos cuatro o cinco años, cuando las entidades agropecuarias ganaron terreno en la administración.

En San Luis, el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto reglamentario de la Ley de Consorcios Camineros, el puntapié para organizar el sistema en la provincia. La meta: intervenir 4.461 kilómetros de caminos sin pavimentar, distribuidos en 17 circuitos.

El fondo fiduciario, la clave que Córdoba defiende

Razzeto no duda al señalar qué hace funcionar al sistema cordobés: un fondo fiduciario blindado. “Lo más importante de esto es que el fondo sea un fondo fiduciario, que la plata no se desvíe. La plata esté ahí, que sea intangible y que vaya pura y exclusivamente a la realización de las obras”, explicó.

En Córdoba, ese fondo se alimenta con el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural. Además, pasa por auditorías del Banco de la Provincia de Córdoba y de la Auditoría General de la Provincia. Los pagos a los consorcios son mensuales y se calculan según los kilómetros bajo su responsabilidad, las tareas realizadas y las características del terreno.

El dirigente comparó este mecanismo con el anterior, cuando los recursos entraban a Rentas Generales y los manejaba Vialidad. Esa modalidad, recordó, generaba reclamos por demoras y dificultades para disponer de los fondos.

En San Luis, la composición será distinta. Según lo anunciado por el Gobierno provincial, el fondo se integrará con el 100% de lo recaudado por el Documento Provincial (DO.PRO) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural.

Quién decide las obras y cómo se financian

El fondo cubre los trabajos habituales de mantenimiento, sin que cada productor tenga que poner un peso extra para esas tareas. Las obras de mayor envergadura, como pavimentar caminos secundarios o terciarios, pueden requerir un esquema de financiamiento compartido entre el Estado y los productores.

“Si los productores quieren asfaltar un camino que es secundario y terciario, el gobierno pone una parte”, indicó Razzeto. Como ejemplo, mencionó proyectos en los que la Provincia aportó el 60% del costo y los productores, el 40%.

El procedimiento contempla una consulta a los productores y un registro de oposición. Si más del 60% de los productores vinculados al camino está de acuerdo, arranca el proceso administrativo para ejecutar la obra. Así, las decisiones incorporan la opinión de quienes usan los caminos rurales, además de la intervención de las autoridades.

Los productores, en el centro de las prioridades

La participación de los productores también es central para definir qué caminos necesitan atención y cómo se reparten los recursos. Razzeto remarcó que en Córdoba se hicieron relevamientos y se usaron herramientas de información territorial para clasificar los caminos por importancia. Entre los criterios se consideran la presencia de escuelas, tendidos eléctricos y establecimientos productivos, además del tipo de actividad agropecuaria de cada zona.

Con esos datos, los consorcios pueden establecer prioridades y organizar los trabajos según las necesidades de cada sector. “Los productores de cada una de las zonas se tienen que involucrar, porque son ellos los que conocen el camino”, sostuvo.

El dirigente advirtió que los fondos son limitados y que las mejoras requieren planificación y continuidad. Los resultados, señaló, no aparecen de inmediato. “De un día para el otro uno no ve la obra, pero dos, tres, cuatro años va a empezar a ver que los caminos van a empezar a mejorar”, sentenció.

Qué puede aportar la experiencia de Córdoba a San Luis

Razzeto indicó que acercó a las autoridades sanluiseñas la legislación cordobesa y la experiencia de las entidades rurales para contribuir al diseño del nuevo régimen. También advirtió que las diferencias geográficas y productivas entre ambas provincias exigen adaptar el sistema a cada realidad.

Mientras Córdoba cuenta con unos 57.000 kilómetros de caminos rurales, San Luis prevé intervenir en 4.461 kilómetros de caminos sin pavimentar, distribuidos en 17 circuitos.

Para el presidente de CARTEZ, el funcionamiento de los consorcios dependerá tanto de la disponibilidad de recursos como del compromiso de los productores y de quienes integren las organizaciones. “Si los productores no se involucran, el esfuerzo es en vano”, concluyó.