San Luis: la Justicia cambia las reglas para los adolescentes acusados de delitos

Los fiscales de San Luis empezaron a moverse con un manual nuevo. El Ministerio Público Fiscal aprobó un protocolo obligatorio para investigar a adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de delitos, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil.

El documento fija criterios comunes para la investigación penal, las medidas de coerción y las salidas alternativas al proceso, y alcanza a todos los integrantes del MPF que intervengan en causas contra menores de 18 años.

La prisión, como último recurso

Uno de los ejes centrales del protocolo es que la privación de la libertad debe usarse solo como último recurso y durante el período más breve posible. El criterio abarca tanto las medidas cautelares como las sanciones que eventualmente se impongan.

Además, los fiscales deberán analizar desde las primeras etapas de la investigación la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad, mediación, conciliación, suspensión del juicio a prueba y otras salidas alternativas al proceso.

La edad no alcanza para culpar

El protocolo marca una diferencia clave respecto de la aplicación automática del régimen penal a partir de los 14 años: la edad del adolescente no determina por sí sola su capacidad de culpabilidad.

Los fiscales deberán evaluar el desarrollo cognitivo, emocional y volitivo del acusado, y analizar si tenía capacidad concreta para comprender la criminalidad del hecho y dirigir sus acciones. Para los adolescentes de 14 a 16 años, la orientación es especialmente dirigida a evitar el ingreso o la permanencia innecesaria en el sistema penal.

El texto también aclara que las condiciones de vulnerabilidad social, pobreza, abandono escolar, consumos problemáticos o falta de referentes familiares no pueden ser, por sí mismas, fundamento para dictar una prisión preventiva.

Tres categorías según la gravedad

El protocolo clasifica los delitos según la pena máxima prevista: hasta tres años, más de tres y hasta 10 años, y más de 10 años. Esa clasificación sirve para determinar la respuesta del sistema y la necesidad de avanzar con la investigación penal.

En los hechos más graves, el documento fija prioridad para la investigación: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual y hechos cometidos con armas de fuego, además de otros casos que por su gravedad o reiteración requieran una intervención específica.

Qué pasa con las medidas de coerción

El protocolo remarca que la privación de libertad no debe ser una respuesta automática ante la imputación de un delito. La decisión debe considerar las circunstancias particulares del adolescente y del hecho investigado, y recurrir al encierro solo cuando resulte estrictamente necesario.

Durante todo el proceso, además, debe preservarse la identidad del adolescente para proteger sus derechos y evitar su exposición.

Una guía para la nueva ley

Las pautas fueron elaboradas para ordenar la actuación del Ministerio Público Fiscal frente al nuevo escenario que plantea la Ley Penal Juvenil. El protocolo no establece que todos los adolescentes de 14 años acusados de un delito recibirán una sanción determinada: fija criterios para que cada intervención contemple la edad, las características personales del adolescente, la gravedad del hecho y las circunstancias concretas del caso.

Con esta guía, el MPF sanluiseño apunta a priorizar las salidas alternativas, la proporcionalidad de las medidas de coerción y la privación de libertad como último recurso.