San Luis lanza un mega régimen de incentivos para atraer inversiones y crear empleo

La Cámara de Diputados dio luz verde al Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una ley que promete sacudir el mapa productivo provincial. Con 27 votos a favor y 11 en contra, la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi busca seducir a los inversores con beneficios impositivos, subsidios y financiamiento. ¿El objetivo? Que San Luis se convierta en un imán para nuevos negocios y puestos de trabajo.

¿Qué es el RIPEE y por qué importa?

El régimen, que ya había pasado por el Senado el 28 de julio, articula un paquete de herramientas fiscales, laborales y financieras para fomentar la inversión en toda la provincia. La propuesta nació de las mesas sectoriales, donde el Estado se sienta a dialogar con los distintos rubros productivos para detectar qué necesitan para crecer.

La diputada Eugenia Gallardo, miembro informante, fue la encargada de defender el proyecto. Según explicó, una nueva inversión "activa un círculo virtuoso que impulsa el consumo, promueve el desarrollo de proveedores locales y fundamentalmente crea oportunidades de trabajo". Por eso, sostuvo que el Estado debe impulsar políticas activas como el RIPEE para facilitar y atraer inversiones privadas.

Los cuatro pilares del régimen

La ley unifica en un solo cuerpo legal distintos instrumentos de promoción económica, organizados en cuatro ejes: beneficios tributarios, subsidio al empleo, gestión de inmuebles fiscales y financiamiento de proyectos.

Beneficios tributarios: las empresas que inviertan podrán acceder a exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores por hasta 15 años. También se suman créditos fiscales y herramientas de regularización fiscal. Gallardo destacó que el crédito fiscal es "una inyección de liquidez directa porque el inversor en lugar de destinar sus fondos a pagar impuestos lo destina a invertir y generar empleo".

Subsidio al empleo: se otorgará un aporte a los empleadores que contraten personas del Plan de Inclusión. El subsidio será decreciente durante dos años y equivalente al aporte social que recibía el beneficiario. La condición es que la contratación represente un aumento neto de la planta laboral, sin reemplazar trabajadores existentes. El diputado Nicolás González Ferro lo definió como "un mecanismo de inserción laboral innovador" que permite dar el salto "de los programas sociales hacia un empleo registrado, formal y sostenible".

Inmuebles fiscales: el Poder Ejecutivo podrá destinar propiedades del Estado para promover inversiones que generen empleo. Los fondos obtenidos se usarán para infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento, nunca para gastos corrientes.

Financiamiento: se contemplan líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia y subsidios para capacitación. Además, se podrán crear fondos de garantía, fideicomisos y otros instrumentos financieros públicos, privados o mixtos.

Más sectores y más diálogo

El RIPEE incluye por primera vez al sector comercial, que había quedado afuera de regímenes anteriores. Podrán adherirse personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Las actividades alcanzadas van desde la agropecuaria hasta la tecnológica, pasando por minería, construcción, turismo y servicios.

La ley también institucionaliza las mesas sectoriales como espacios permanentes de planificación estratégica. Para González Ferro, esto "permite acercarse a la mirada directa de quienes trabajan y de quienes producen", lo que representa "un salto de calidad en los procesos de articulación". Gallardo agregó que se genera "una garantía del diálogo público-privado" con cámaras empresarias, universidades y el sector científico.

Seguridad jurídica y política de Estado

El régimen busca dar previsibilidad a los inversores al unificar normativas dispersas y garantizar la continuidad de beneficios ya otorgados. Además, declara la promoción del desarrollo económico y del empleo como política de Estado, e incorpora medidas para modernizar la administración pública.

"Cuando una empresa decide invertir, arriesgar y enterrar capital en el suelo de San Luis, está aportando de forma directa a ampliar nuestra capacidad productiva, generar empleo formal y dinamizar el consumo local", concluyó González Ferro. Con esta ley, la provincia apuesta fuerte a que el sector privado sea el motor del crecimiento.