San Luis se prepara para una reforma que puede cambiar las reglas del poder
Una votación clave en Diputados dejó el camino libre para reformar la Constitución provincial. ¿Qué pasó con la reelección y cómo impacta en las próximas elecciones?
La Cámara de Diputados de San Luis dio luz verde este miércoles al proyecto que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución provincial. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Claudio Poggi, se impuso con 30 votos a favor y 13 en contra, y ya contaba con media sanción del Senado. Ahora, el camino queda allanado para convocar a una Convención Constituyente.
El proyecto fija los ejes sobre los que podrá trabajar la Asamblea: contempla modificar 23 artículos, incorporar otros 23 y crear cuatro capítulos nuevos. La Convención estará integrada por 52 convencionales que se elegirán en las próximas elecciones provinciales generales.
Durante el debate, la diputada Fabiana Zárate, miembro informante, explicó que el objetivo central es limitar la concentración de poder. "El objetivo transversal de la propuesta de reforma es la limitación del poder, que se relaciona con el fortalecimiento de las instituciones, evitar la perpetuidad en el poder y, fundamentalmente, posibilitar la alternancia y la presentación de cuadros dirigenciales que accedan efectivamente a los cargos públicos", afirmó.
Reelección y calendario electoral
Uno de los cambios más fuertes que podrá discutir la Convención es la modificación del artículo 147 para prohibir una nueva reelección del gobernador después de dos períodos, sean consecutivos o alternados. La propuesta establece que el mandato 2023-2027 se considere como el primero para esa limitación. También habilita la incorporación del balotaje para gobernador y vicegobernador.
En materia electoral, la reforma apunta a eliminar las elecciones de medio término. Los diputados y senadores provinciales pasarían a renovarse en su totalidad cada cuatro años, en coincidencia con los comicios de gobernador y vice. Para eso, una cláusula transitoria extendería hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, que vencían en 2029. Desde 2031, ambas cámaras y los Concejos Deliberantes renovarían todos sus integrantes cada cuatro años. Además, el período de sesiones ordinarias comenzaría el 15 de marzo y terminaría el 31 de diciembre.
Justicia y Ministerio Público
Otro eje central es la reforma del sistema judicial. El proyecto habilita la separación del Ministerio Público del Poder Judicial y propone dos autoridades principales: una Defensoría General y una Procuración General. También prevé un Consejo del Ministerio Público para seleccionar a los integrantes de categorías inferiores, y un Jurado de Destitución propio.
En el Consejo de la Magistratura se incorporarían representantes de la academia y del Senado. El organismo deberá elaborar un orden de mérito a partir de concursos de antecedentes, y la terna que eleve al Poder Ejecutivo será vinculante, aunque el gobernador podrá apartarse con motivos fundados.
Para acceder a la magistratura, se elevará de tres a cinco años la exigencia de ejercicio profesional o funciones judiciales. Los magistrados deberán permanecer al menos cuatro años en un cargo antes de pasar a otro. Además, se fija un límite de 75 años para los integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas, aunque podrán continuar con una nueva designación propuesta por el Ejecutivo y acordada por el Senado. Quienes ya estén en funciones no se verán afectados.
Tribunal de Cuentas y juicio político
También se modificaría la composición del Tribunal de Cuentas: dos de sus integrantes designados por la Asamblea Legislativa serán propuestos uno por la mayoría y otro por la primera minoría, o uno por la primera y otro por la segunda minoría si no hay acuerdo. Se amplía la lista de funcionarios sujetos a juicio político: incluiría a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas, el Defensor General, el Procurador General, el Fiscal de Estado, el Contador General y el responsable técnico del área de Agua.
Agua, capitales alternas y tecnología
La reforma incorpora el agua como derecho humano y recurso estratégico. Su administración estará a cargo de un funcionario técnico designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandato de cinco años. Además, se podrán establecer capitales alternas en distintas localidades: cuando el Ejecutivo y su gabinete se constituyan en una de ellas, esa localidad será capital provincial durante ese período.
En materia tecnológica, se suman derechos vinculados a la inteligencia artificial, la identidad digital, el uso ético de nuevas tecnologías y la protección de datos personales frente a algoritmos. También se incorpora el hábeas data, el acceso universal a la conectividad y principios de gobierno abierto y acceso a la información pública.
Cláusula federal y Presupuesto
El proyecto habilita una cláusula federal para reafirmar la autonomía de San Luis, en línea con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Incluye el ejercicio de poderes no delegados, el poder de policía y tributario sobre establecimientos de utilidad nacional en el territorio, y la participación en decisiones de la Administración federal y en el debate por un nuevo régimen de coparticipación.
También se contempla un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales, con la facultad de celebrar convenios de inversión y cooperación directa. Por último, el plazo para presentar el Presupuesto provincial pasaría del 31 de agosto al 30 de septiembre.
