San Luis vuelve a controlar a los detenidos con tobilleras GPS: quién paga la cuenta

El Ministerio de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia firmaron un convenio para implementar el Programa de Monitoreo y Vigilancia Electrónica en los procesos penales de la provincia. La medida habilita el uso de dispositivos con GPS para supervisar a personas procesadas o condenadas que accedan al arresto domiciliario u otras modalidades alternativas de cumplimiento de la pena.

La firma estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, en el Palacio de Justicia. Participaron los ministros del STJ Eduardo Allende, Carolina Monte Riso, José Guillermo L'Huillier y Víctor Endeiza; el procurador General, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi; la defensora General, Marcela Torres Cappiello; y por la cartera de Seguridad el asesor legal Jesús Velázquez y el subdirector de Foros de Relaciones con la Comunidad, Ignacio Nieto.

Una herramienta que la provincia había perdido

El acuerdo tiene una vigencia de un año desde su firma y contempla la renovación automática. Con este paso, San Luis vuelve a integrar el sistema nacional de vigilancia electrónica, pero —según se destacó— por primera vez con las herramientas legales necesarias para aplicarlo.

El convenio llega después del acuerdo suscripto en febrero de 2026 entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que devolvió a San Luis al Programa de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. La provincia retomó así una herramienta que había dejado de implementarse en julio de 2023, cuando la gestión anterior la dio de baja antes de dejar el poder. Hasta esa reincorporación, San Luis era, junto a Formosa, una de las únicas jurisdicciones del país sin esta asistencia.

Como parte del acuerdo con la Nación, la provincia recibió dispositivos electrónicos de control. Entre ellos, tobilleras con sistema GPS que permiten la supervisión, el monitoreo y el rastreo de personas procesadas o condenadas que deban cumplir arresto domiciliario u otras modalidades de detención o ejecución de la pena dentro del territorio provincial.

Sin costo para la provincia

Uno de los puntos centrales del programa es que su implementación no genera gastos para el Estado provincial: los dispositivos y el servicio son financiados por el Estado nacional. La ministra Sosa lo remarcó al señalar que "lo más importante es que a la provincia no le genera ningún costo. Esto lo aborda y lo paga la Nación. Nosotros simplemente hemos capacitado al personal para que desarrolle la tarea".

Sosa también subrayó el valor de recuperar esta herramienta: "Creemos que es fundamental tener estos dispositivos, porque amplía las posibilidades de la Justicia. Había que ponerlos a disposición del Superior Tribunal a través de un convenio, para que conozcan cuáles son y en qué casos se pueden aplicar". La funcionaria explicó que desde su cartera se trabajó junto a la Justicia en el protocolo de implementación técnica y se puso a disposición el procedimiento correspondiente.

¿Quiénes pueden ser monitoreados?

El sistema está destinado a personas adultas o jóvenes que, por disposición de la Justicia Penal Nacional, Federal o Provincial, estén en condiciones de acceder al arresto domiciliario u otra modalidad alternativa de cumplimiento de la pena. Los dispositivos pueden utilizarse durante la investigación de una causa penal o en la etapa de ejecución de la pena, siempre con la evaluación técnica previa.

El procedimiento arranca con un requerimiento judicial. Luego se elaboran un Informe Técnico de Viabilidad y un Informe de Condiciones Sociales y Ambientales, que se elevan a la autoridad judicial competente. La colocación y el uso efectivo del dispositivo dependen exclusivamente de la decisión del juez. El área técnica provincial queda a cargo de supervisar el correcto funcionamiento de los equipos y de informar a la Justicia cualquier alteración que pueda afectar las condiciones fijadas.

En el ámbito provincial, el Código Procesal Penal de San Luis (Ley Nº VI-0152-2021) contempla medidas de coerción como la sujeción al cuidado o vigilancia, restricciones territoriales y personales, y la detención domiciliaria con o sin vigilancia. También rige la Ley Nacional Nº 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que prevé el monitoreo electrónico para adolescentes, de manera autónoma o complementaria, y la privación de libertad en domicilio.

En todos los casos, la implementación queda sujeta a la disponibilidad del recurso y al informe técnico de factibilidad previo. El monitoreo no reemplaza las funciones de seguimiento, asistencia, acompañamiento o protección que correspondan a los organismos especializados del sistema penal juvenil y de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.