San Luis vuelve a controlar a los detenidos con tobilleras, pero hay un detalle que pocos conocen

El Ministerio de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia de San Luis firmaron un convenio que pone en marcha el Programa de Monitoreo y Vigilancia Electrónica para los procesos penales de la provincia. El acuerdo fue suscripto por la ministra Nancy Sosa y el presidente del STJ, Jorge Levingston, y permitirá usar dispositivos con GPS para supervisar a personas procesadas o condenadas que accedan al arresto domiciliario u otras medidas alternativas.

La firma tiene una vigencia de un año, con renovación automática, y marca el regreso de San Luis al sistema nacional de vigilancia electrónica, del que había salido en julio de 2023.

¿Cómo se decide quién usa la tobillera?

La colocación no será automática. Todo arranca con un requerimiento judicial. A partir de ahí se elaboran un Informe Técnico de Viabilidad y un Informe de Condiciones Sociales y Ambientales, que se elevan al juez. La autoridad judicial evalúa cada caso y decide si corresponde el dispositivo. La colocación y el monitoreo quedan, por lo tanto, sujetos a esa decisión.

El área técnica provincial tendrá a su cargo controlar el funcionamiento de las tobilleras e informar a la Justicia ante cualquier alteración o situación que pueda afectar las condiciones establecidas.

También para adolescentes y durante la investigación

El sistema podrá aplicarse durante la investigación de causas penales o en la etapa de ejecución de una pena, tanto para adultos como para adolescentes, siempre de acuerdo con la normativa vigente y previa evaluación de las condiciones técnicas.

En el ámbito provincial, el Código Procesal Penal contempla medidas de coerción como la vigilancia, restricciones y la detención domiciliaria con o sin vigilancia. El monitoreo electrónico funcionará como una herramienta tecnológica para supervisar el cumplimiento de esas medidas cuando resulte legal y técnicamente procedente.

La normativa penal juvenil también contempla el monitoreo electrónico como alternativa o complemento de otras medidas. En esos casos, su utilización no reemplaza las tareas de seguimiento, asistencia y protección que corresponden a los organismos especializados.

Sin costo para la Provincia

Uno de los puntos destacados del acuerdo es que el sistema no genera gastos para el Estado provincial. Los dispositivos y el servicio son financiados por el Estado nacional, mientras que San Luis se encarga de la capacitación del personal y la supervisión técnica.

La ministra Nancy Sosa destacó que la incorporación de esta herramienta amplía las posibilidades disponibles para la Justicia y señaló que desde su cartera se trabajó en el protocolo técnico necesario para implementar el sistema.

De esta manera, el convenio entre Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia formaliza en San Luis el uso de tecnología de monitoreo para acompañar las decisiones judiciales y controlar el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad.