San Luis ya tiene ley para deudas: quiénes podrán pagar cuotas que no superen el 30% del sueldo

El Senado de San Luis convirtió en ley este martes 20 de octubre el Programa de Desendeudamiento Familiar, la iniciativa que el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura el 17 de septiembre y que ahora quedó con sanción definitiva.

La norma apunta a que los hogares con obligaciones vencidas puedan refinanciarlas en condiciones más blandas y, al mismo tiempo, mover el consumo en los comercios de la provincia con descuentos y reintegros.

El camino legislativo ya tenía un antecedente: el 30 de septiembre, la Cámara de Diputados le había dado media sanción con 30 votos a favor y nueve en contra. Con el aval de la Cámara Alta, el trámite quedó cerrado.

Quiénes podrán anotarse

El programa está pensado para personas y familias que arrastren deudas con más de tres meses de mora al momento en que se sancionó la ley.

Entran préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otros compromisos tomados con bancos, compañías financieras, billeteras digitales y entidades habilitadas por el Banco Central de la República Argentina.

Hay un requisito de residencia: los beneficiarios deberán acreditar domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.

El esquema también habilita a consolidar deudas contraídas con distintas entidades financieras, para ordenarlas en un solo plan con condiciones más accesibles.

Durante el debate en Diputados se sumó la posibilidad de incluir ciertas deudas por servicios públicos de competencia provincial, siempre de acuerdo con lo que defina la reglamentación.

Las condiciones que deberán cumplir los planes

La ley fija un piso y un techo para las propuestas de refinanciación que presenten las entidades adheridas. Los puntos centrales:

Plazos: no podrán ser inferiores a 24 meses.

Período de gracia: deberá contemplarse un mínimo de dos meses.

Cuotas: no podrán superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.

Tasa: la tasa nominal anual no podrá exceder en más de diez puntos porcentuales a la tasa mayorista TAMAR.

Gastos: no se podrán cobrar comisiones, honorarios ni gastos administrativos por otorgar la refinanciación.

El objetivo declarado es aliviar el peso de las obligaciones financieras sobre los ingresos de los hogares. Pero hay un punto que conviene tener claro: la sanción de la ley no cancela las deudas automáticamente ni refinancia todos los créditos de inmediato. Todo dependerá de qué entidades adhieran y de los planes que el Gobierno apruebe.

Qué gana el sector financiero

Para que los bancos y financieras se sumen, la Provincia podrá otorgar exenciones impositivas a quienes presenten propuestas de refinanciación.

Los beneficios alcanzan a tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos, atados a las operaciones comprendidas en el programa.

En contraprestación, las entidades deberán ofrecer condiciones mejores que las originales: tasas más bajas, quitas de intereses o de capital, plazos más largos y otras facilidades.

Las propuestas pasarán por la evaluación del Gobierno provincial antes de aplicarse. La idea es que el incentivo tributario se traduzca en una reducción real del costo financiero para las familias.

Descuentos y reintegros para mover el consumo

La segunda pata de la iniciativa es el Programa de Impulso al Consumo Familiar, orientado a fomentar las compras en comercios de San Luis.

Las entidades financieras que adhieran podrán presentar promociones con descuentos, reintegros, váuchers, tarjetas prepagas y otros beneficios.

Como contrapartida, accederán a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe que efectivamente destinen a esas promociones.

Según explicó el Gobierno provincial al presentar el proyecto, la herramienta busca incentivar las compras y favorecer la actividad comercial local. La lógica es simple: si las familias pagan cuotas más bajas, les queda una porción mayor del ingreso para los gastos de todos los días.

Qué falta para que empiece a funcionar

Con la sanción definitiva, el próximo paso es la promulgación y la reglamentación de la norma.

En esa etapa deberán precisarse los procedimientos de adhesión, la presentación de las propuestas de refinanciación y los mecanismos de información para los potenciales beneficiarios.

Las entidades participantes también deberán comprometerse a dictar capacitaciones gratuitas sobre planificación financiera y prevención del sobreendeudamiento.

El Gobierno provincial había anticipado que dará a conocer las condiciones de los planes que resulten aprobados, para que las familias puedan evaluar las distintas alternativas.

Con el aval del Senado, San Luis cuenta desde ahora con un nuevo marco legal para refinanciar deudas familiares y estimular el consumo local. Su alcance efectivo, sin embargo, dependerá de cómo se reglamente y de cuántas entidades financieras decidan participar.