San Martín: 13 casos de tuberculosis y una escuela sin comedor, lo que los diputados escucharon
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San Martín: 13 casos de tuberculosis y una escuela sin comedor, lo que los diputados escucharon

En San Martín, comunidades indígenas, docentes y trabajadores de la salud llevaron sus reclamos a los diputados: tuberculosis, escuelas sin comedor y jóvenes sin acompañamiento. Lo que los legisladores se comprometieron a hacer, y la fecha que fijaron, quedó para el final.

Una audiencia pública en General San Martín puso sobre la mesa un cuadro sanitario y educativo que las comunidades vienen reclamando sin respuesta. Representantes indígenas, trabajadores de la salud, docentes, productores y organizaciones sociales expusieron sus problemas el viernes en el Centro Regional de Estudios Superiores (Cres), en el marco de la convocatoria «Diputados escuchan al pueblo».

Tras las exposiciones, los legisladores se comprometieron a elaborar un informe para el Ejecutivo y fijaron una reunión de seguimiento para el 10 de diciembre.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura, que preside Rodolfo Schwartz. Participaron María Luisa Chomiak, Carina Botteri Disoff, Adrián Zukiewicz y Rubén Guillón, y el intendente Mauro Leiva saludó la convocatoria.

De acuerdo con el comunicado difundido por el PTP-PCR Chaco, entre los asistentes hubo integrantes de la Multisectorial de San Martín, referentes indígenas y campesinos, enfermeros, bioquímicos, técnicos de producción, docentes bilingües interculturales, jubilados, jóvenes y familias.

La tuberculosis, en el centro de la escena

Uno de los planteos más duros fue el sanitario. Representantes comunitarios señalaron la existencia de 13 casos de tuberculosis en un barrio y denunciaron dificultades para acceder a medicamentos, controles y seguimiento de los tratamientos.

En las exposiciones también se advirtió que la falta de una alimentación regular complica sostener los tratamientos: algunas personas los interrumpen porque no toleran la medicación en esas condiciones. Por eso reclamaron que la respuesta sanitaria contemple también la situación alimentaria de las familias.

En ese marco se propuso recuperar la atención de una salita comunitaria mediante la reincorporación de un auxiliar de enfermería que había prestado servicios en el lugar. Según lo expuesto, esa tarea se sostenía con una retribución de $150 mil por 22 horas mensuales, posteriormente suspendida.

Los planteos motivaron pedidos de informes a los organismos competentes sobre la tuberculosis, y el seguimiento de las prestaciones quedó incorporado a los compromisos asumidos durante la audiencia.

Escuelas sin agua, sin baños y sin comedor

La situación educativa fue otro de los ejes. Se describieron dificultades por la falta de agua, el deterioro de los sanitarios y la reducción de la jornada escolar. Además, se señaló que la Escuela 895, a la que concurren alrededor de 800 estudiantes entre ambos turnos, no cuenta con comedor.

Según las exposiciones recogidas en el comunicado, docentes y familias realizan aportes para acercar alimentos a los alumnos. Los participantes también plantearon la falta de merenderos en los barrios y la necesidad de fortalecer los espacios de asistencia alimentaria.

Los reclamos vincularon las condiciones materiales de las escuelas con las posibilidades de sostener la enseñanza: la provisión de agua, los baños y la alimentación aparecieron como necesidades concretas que requieren la intervención de distintas áreas del Estado.

Jóvenes: becas, alojamiento y prevención

Los jóvenes manifestaron dificultades para continuar carreras universitarias y de nivel superior. Entre los obstáculos mencionaron la falta de becas y de alojamiento para estudiantes de comunidades indígenas que necesitan trasladarse para estudiar.

Durante la audiencia también se expresó preocupación por suicidios de jóvenes: los participantes mencionaron cinco casos en tres meses y solicitaron información oficial y medidas de prevención y acompañamiento. El planteo fue incorporado a los pedidos de informes, junto con la situación sanitaria.

Las intervenciones describieron además problemas de acceso al empleo, pérdida de espacios recreativos y dificultades para abordar los consumos problemáticos. También destacaron el trabajo que una psicóloga social y un equipo vienen sosteniendo desde hace un año para acompañar a jóvenes y familias.

Renta Mínima y vigilancia comunitaria

Otro de los reclamos estuvo relacionado con la suspensión de prestaciones de Renta Mínima, de $28 mil. Según lo expuesto, esos ingresos estaban vinculados con tareas de vigilancia comunitaria realizadas por un grupo de 25 padres. Los asistentes pidieron recuperar herramientas de sostenimiento económico y organización barrial.

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