San Miguel de Tucumán: quieren eliminar 59 tasas y ya tienen fecha para el debate

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán ya tiene sobre la mesa el proyecto que busca dar de baja 59 tasas y conceptos municipales. La intendenta Rossana Chahla y el presidente del cuerpo, Fernando Juri, se reunieron y acordaron una fecha tentativa para llevarlo al recinto: el jueves 22 de octubre.

Chahla había presentado la propuesta el martes anterior y el jueves convocó a Juri a su despacho para exponerle los detalles. La jefa municipal quiere que el tema avance rápido y anticipó que espera una aprobación unánime.

En principio, los concejales iban a sesionar el jueves 15, pero la llegada del proyecto y el fin de semana largo obligaron a correr la sesión al 22.

Por qué se eligió el 22 de octubre

La fecha no es casual. La comisión de Hacienda, que preside el peronista Emiliano Vargas Aignasse, se reúne los lunes —con posibilidad de convocatoria extraordinaria— y la de Labor Parlamentaria lo hace los martes. A eso se suma el tiempo que necesitan los ediles para analizar el texto.

Pero hay otro motivo. Otra de las prioridades de Chahla es el proyecto para crear el Centro Integral Municipal de la Tartamudez, un servicio especializado para el abordaje de ese trastorno y otras alteraciones de la fluidez del habla. El 22 de octubre es el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, por lo que aprobar la iniciativa esa jornada sería un gesto de apoyo a quienes la padecen.

Qué cambia con la baja de tasas

La iniciativa modifica el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual. Apunta a suprimir aranceles que dejan poca recaudación pero generan altos costos administrativos, tanto para el municipio como para los contribuyentes.

Según defiende la Municipalidad, uno de los principales beneficios es la eliminación del pago para obtener documentación como el certificado de Libre Deuda y el de Cumplimiento Fiscal, entre otras certificaciones. Esos trámites pasarían a resolverse con herramientas digitales, sin pagos ni traslados a las oficinas.

El proyecto también propone eliminar la contribución municipal que se aplica sobre el consumo de agua, cloacas y gas natural por redes. La idea es reducir los importes mensuales que pagan los usuarios, quitando el componente municipal que se traslada a las facturas de las prestatarias.

Para los comerciantes, contempla la baja de aranceles por permisos y solicitudes de actividades comerciales y uso del espacio público: kioscos, ferias y puestos; food trucks; mesas y sillas en la vía pública; permisos de refacción sin planos; rebajes de cordón; y depósito de materiales. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es reducir costos de gestiones y facilitar el desarrollo de emprendimientos y actividades económicas en la ciudad.

Cómo se reparten las 59 tasas

Los conceptos alcanzados pertenecen a nueve reparticiones:

- Dirección de Ingresos Municipales (DIM): 17
- Catastro: 14
- Vía Pública: 12
- Cementerios: 7
- Bromatología: 3
- Tribunal de Faltas: 2
- Arbolado: 2
- Defensa Civil: 1
- Espacios Verdes: 1

En el texto presentado ante el Concejo, el Ejecutivo afirma que las áreas técnicas trabajaron para simplificar el sistema tributario, reducir costos administrativos, eliminar tributos de baja significación económica y modernizar el Estado municipal, quitando cargas que no guardan una adecuada relación costo-beneficio para la administración ni para los contribuyentes. Ahora el proyecto deberá ser analizado y debatido por los concejales.

Informes sobre edificios, el miércoles

La agenda del Concejo incluye otra cita la semana próxima. El miércoles, a las 9:30, funcionarios del Ejecutivo capitalino presentarán informes sobre la situación edilicia de la ciudad. La convocatoria surge de una resolución aprobada en agosto, después de que la explosión en un edificio de la calle Monteagudo encendiera las alarmas sobre presuntas irregularidades en algunos inmuebles.

La disposición prevé una reunión conjunta para analizar la situación administrativa de los edificios de vivienda colectiva y “evaluar posibles adecuaciones normativas y administrativas” vinculadas con la aprobación, inspección, regularización y finalización de obras. Los funcionarios deberán llevar la información de sus áreas, en especial la referida a los inmuebles incluidos en el relevamiento de 2018 y a los edificios con trámites pendientes de final de obra o habitabilidad.