San Miguel de Tucumán será Capital Simbólica de la Argentina por ley

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la Nación cada 9 de Julio. La iniciativa, impulsada por la senadora Beatriz Ávila, dispone que los actos centrales del Gobierno nacional por el Día de la Independencia tengan sede fija en esa ciudad.

El proyecto, que venía siendo impulsado desde 2021, obtuvo este jueves la sanción definitiva en Diputados, luego de que el Senado lo aprobara en julio con 67 votos afirmativos. De esta manera, la iniciativa completó su recorrido parlamentario tras cinco años de gestiones.

El 9 de Julio tendrá sede permanente

La nueva ley establece que los actos oficiales por el Día de la Independencia deberán realizarse en San Miguel de Tucumán, la ciudad donde el Congreso declaró la independencia en 1816. Ávila destacó durante el debate que se trata de una reivindicación que trasciende lo provincial.

“Vengo impulsando este proyecto desde 2021. Es una reivindicación al pueblo tucumano, pero también tiene que ver con la historia del norte argentino y con la conformación de nuestra Nación”, sostuvo la senadora.

En su defensa parlamentaria, Ávila resumió el espíritu de la iniciativa con una frase contundente: “Tucumán le dio la independencia a Argentina. Pero hace 210 años que la festejamos lejos de donde nació”. Y agregó: “Llevo 5 años impulsando en el Congreso que el 9 de julio vuelva a casa: que los actos centrales se hagan en Tucumán, por ley, no por decreto”.

La medida también busca recuperar el papel del norte argentino en el proceso independentista, con la Batalla de Tucumán de 1812, liderada por Manuel Belgrano, y la participación de la región en la defensa del territorio frente a las fuerzas realistas.

Del decreto de 1991 a una ley nacional

Hasta ahora, la condición de Capital Simbólica cada 9 de Julio estaba regulada por el Decreto 81/1991. La nueva legislación busca otorgar mayor estabilidad institucional al reconocimiento y evitar que quede sujeto a decisiones del Poder Ejecutivo.

“Hoy hay un decreto, pero un decreto firmado por un presidente está a tiro de otro decreto de otro presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación”, argumentó Ávila durante el debate.

El proyecto había obtenido dictamen favorable en 2024, aunque los cambios en las autoridades y en la integración de las comisiones legislativas obligaron a retomar distintas etapas de su tratamiento.