SanCor: los trabajadores de las plantas tomaron una decisión y la fecha la define una asamblea
Economía

SanCor: los trabajadores de las plantas tomaron una decisión y la fecha la define una asamblea

Héctor Luis Ponce firmó el comunicado: el gremio lácteo saldrá a la calle y la fecha se define en asamblea. Detrás hay una sucesión de recursos que trabó la liquidación y una asistencia a los trabajadores que ya llegó al límite.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) confirmó que saldrá a la calle en los próximos días para exigir que la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas deje de estar en suspenso y llegue a una resolución definitiva.

La medida quedó plasmada en un comunicado que lleva la firma del secretario general del gremio, Héctor Luis Ponce, en representación del Consejo Directivo Nacional. Allí se aclara que la fecha exacta y las características de la marcha se terminarán de definir en una asamblea.

Por qué el gremio apunta contra los recursos

El sindicato sostiene que, después de que varias empresas compraran los pliegos licitatorios, una cadena de presentaciones judiciales que fueron rechazadas demoró el proceso de liquidación y complicó todavía más la situación de los trabajadores.

Atilra reconoce que las partes tienen derecho a hacer todos los planteos que la ley habilita y se declara respetuosa de la Justicia. Pero entiende que, una vez analizados y desestimados esos recursos, “es tiempo de pensar” en lo que representa cada planta cerrada: un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo.

El texto incluye además un mensaje directo para quienes impulsan esas presentaciones. Les pide que piensen en las familias antes que en sus acuerdos económicos, sus ventajas empresarias y sus negocios.

Para reforzar esa idea, el comunicado cita al papa León XIV, quien en su reciente visita al país habría señalado que la economía debe estar al servicio de la persona y no al revés.

El costado social que marcaron los fallos

El gremio recuerda que las resoluciones de apertura del concurso, la que dictó la quiebra y la de la Cámara subrayaron el aspecto social del caso. Según Atilra, esas decisiones buscaban que la liquidación siguiera sin más interrupciones, para proteger a los acreedores, a los trabajadores —que también son acreedores— y a la sociedad en general.

La meta final, según el sindicato, es reactivar las plantas y retomar la actividad con un proyecto de inversión genuina y producción.

Un expediente con varios frentes abiertos

La Justicia decretó la quiebra de SanCor el 22 de abril, a pedido de la propia empresa. La licitación abarca seis unidades industriales, las marcas de la excooperativa, más de 1500 acreedores y 914 trabajadores, de acuerdo con los datos que tomó en cuenta la Cámara.

A comienzos de julio, la Cámara de Apelaciones de Rafaela frenó la subasta cuando faltaban 17 días para el cierre de ofertas, al aceptar un recurso de la firma Fidulac. El planteo central era que los activos no podían venderse de forma fragmentada, y varias partes pedían anular todo y arrancar de cero.

Quienes impugnaron el pliego ejercieron un derecho procesal y pusieron sobre la mesa cuestiones de fondo acerca de cómo vender los bienes de la cooperativa.

El 17 de septiembre, la Cámara destrabó el proceso y ordenó reanudar la licitación, manteniendo la posibilidad de ofertar por la totalidad de los activos o por lotes. Rechazó los recursos de nulidad y advirtió en su fallo que en un expediente así “el tiempo no es neutral”, porque cada mes de parálisis deteriora los activos, consume recursos de la quiebra y posterga créditos de carácter alimentario.

Sin fecha de subasta y con la asistencia al límite

Al 5 de noviembre, casi siete semanas después de ese fallo, en las actuaciones todavía no aparecía un nuevo plazo para presentar ofertas. Días más tarde, la Cámara rechazó nuevos planteos del fondo BLTFF BV y de Fidulac, aunque introdujo precisiones sobre el tratamiento de los activos involucrados.

Atilra, que en agosto ya había reclamado a la Justicia avanzar con la liquidación, afirma que durante este período mantuvo a los trabajadores con recursos propios y que esa asistencia llegó a un límite.

Dos miradas sobre los tiempos del proceso

La posición del gremio tiene un fundamento concreto: los trabajadores acumulan años de incertidumbre y su ingreso es la base de la economía de varias localidades.

Los recursos de las empresas y los fondos, por su parte, se enmarcan en el derecho de defensa dentro de un proceso donde hay un precio, activos de valor y derechos de terceros en discusión. La propia Cámara resolvió resguardar esos derechos sin frenar la venta y dispuso, en parte, que el dinero correspondiente a los bienes en disputa quede depositado en una cuenta judicial hasta que se resuelvan los reclamos.

Atilra tampoco es un actor ajeno a esta historia. El año pasado el propio gremio había resuelto pedir la quiebra de SanCor “con continuidad de explotación”, y su conducción manifestó interés en gestionar una láctea, de modo que su reclamo de reactivación no es neutral. Tampoco lo son los intereses de los oferentes y de los acreedores, cuya expectativa de cobro depende de que el proceso termine con una venta.

Mientras la causa sigue en manos del juzgado a cargo, la fecha de la marcha se definirá en la asamblea del gremio. Atilra pide que la liquidación continúe sin interrupciones y que las plantas vuelvan a trabajar con una inversión genuina.

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