Santa Cruz avanza con el Régimen Penal Juvenil: la reunión que definió el calendario
La segunda Mesa de Trabajo Intersectorial definió una agenda para octubre y noviembre, pero también puso sobre la mesa líneas prioritarias que generan expectativa en el ámbito de la niñez y la adolescencia. ¿Qué se viene?
El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz fue escenario de la segunda Mesa de Trabajo Intersectorial, un encuentro que reunió a distintas áreas del Estado provincial para definir los pasos a seguir en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Según informó el Gobierno provincial, la reunión permitió establecer una agenda estratégica de actividades para octubre y noviembre, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer las intervenciones institucionales.
La mesa contó con la participación de sectores vinculados a Justicia, Educación, Protección y Derechos, entre otros organismos.
Una agenda con jornadas y formación
Entre las actividades previstas para los próximos dos meses se incluyen jornadas sobre convivencia democrática y ciudadanía responsable, la sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y encuentros de formación destinados al personal policial y penitenciario.
Estas instancias buscan preparar a los distintos actores involucrados en el abordaje de situaciones que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Salud mental y asistencia territorial, ejes prioritarios
Durante el encuentro también se definieron líneas prioritarias de trabajo conjunto en materia de salud mental y asistencia territorial. El objetivo es fortalecer la prevención, garantizar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes y promover una intervención integral y coordinada de los organismos estatales.
La iniciativa apunta a consolidar mecanismos de articulación entre las instituciones, bajo criterios de corresponsabilidad, protección integral y respeto de las garantías constitucionales.
De esta manera, la provincia avanza en la coordinación de políticas públicas para la implementación del nuevo régimen, con la participación de las áreas que intervienen en la protección de derechos y en el abordaje de las situaciones vinculadas con adolescentes en conflicto con la ley penal.
