Santa Cruz contra Río Gallegos: la Provincia asegura que la comuna "puede pagar sueldos y aportes"
¿Puede Río Gallegos pagar los sueldos? La Provincia asegura que sí y muestra los números. Los detalles del análisis oficial y la respuesta que esperan del municipio.
El Gobierno de Santa Cruz salió a responder en una conferencia de prensa y dejó un mensaje contundente: el Municipio de Río Gallegos tiene los fondos para pagar sueldos y aportes. Según los números que maneja la Provincia, la comuna dispondría de unos $14.000 millones mensuales, mientras que su masa salarial rondaría los $8.000 millones.
La exposición estuvo encabezada por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el secretario de Hacienda, Ernesto Coloe; y la secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios, Irene Stur, quienes detallaron el análisis oficial sobre la situación financiera del municipio en medio de las discusiones por los aportes a la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.
¿Qué dijo el Gobierno sobre los recursos municipales?
Uno de los ejes centrales fue la situación de los recursos de la Municipalidad de Río Gallegos. Elmiger aseguró que la Provincia no realizó retenciones sobre los fondos que corresponden a la comuna y señaló que la información utilizada en el análisis fue aportada por los propios representantes municipales en las reuniones mantenidas con el Ejecutivo Provincial.
Según explicó la ministra, a partir de los ingresos por coparticipación y recaudación propia, el Municipio tendría un promedio cercano a los $14.000 millones mensuales. De acuerdo con el cálculo presentado por la Provincia, el costo salarial total rondaría los $8.000 millones.
"Con sus propios números, los sueldos los puede pagar, los aportes los puede realizar, y después deberá hacer una eficiencia en el gasto lo mayor posible y priorizar gastos", sostuvo Elmiger durante la conferencia.
El debate por los aportes y la coparticipación
Otro de los temas abordados fue el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales. Elmiger diferenció el régimen de coparticipación establecido por la Ley 2.401 de las obligaciones previsionales contempladas en la Ley 1.782. Según explicó, el 20% previsto en la primera norma se detrae de la masa primaria antes de la distribución de los recursos, mientras que los aportes personales y las contribuciones patronales responden a otro esquema normativo.
La ministra señaló además que, cuando los aportes son descontados de los haberes de los trabajadores, corresponde su transferencia a la Caja de Previsión Social. "El trabajador tuvo la voluntad de pagar, porque se le hizo la retención. El que está en falta es el empleador que no la transfiere", expresó la funcionaria, al referirse a la posición del Gobierno Provincial sobre este punto.
Desde la Provincia también indicaron que esta situación no impediría el acceso de los trabajadores municipales a los beneficios jubilatorios, ya que la CPS continúa garantizando las prestaciones correspondientes.
El Gobierno planteó continuar con el diálogo
Ernesto Coloe explicó que, según el análisis oficial, cerca del 40% del financiamiento de la Caja de Previsión Social se cubre actualmente con recursos del Tesoro Provincial. En ese contexto, sostuvo la necesidad de contar con información fiscal comparable y detallada de los distintos municipios.
"La mejor manera de buscar una salida es a través del diálogo, pero teniendo los números sobre la mesa y teniendo una realidad", afirmó el secretario de Hacienda.
Por su parte, Irene Stur indicó que el proceso de diálogo con las comunas debería avanzar primero en un acuerdo técnico sobre la información disponible y las posibilidades de cumplimiento de las obligaciones, antes de eventuales definiciones políticas. Según señaló, en el caso de Río Gallegos todavía restaba una devolución del Municipio sobre algunos de los planteos realizados durante las reuniones con la Provincia.
El Gobierno Provincial también señaló que, en caso de una eventual modificación del régimen de coparticipación, cualquier cambio deberá ser debatido y aprobado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Mientras tanto, las autoridades indicaron que continuarán las conversaciones con los municipios para analizar las cuentas públicas y las obligaciones pendientes.
La información fue difundida por el Gobierno de Santa Cruz a partir de una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno y refleja la posición y el análisis expuestos por los funcionarios provinciales sobre la situación financiera del Municipio de Río Gallegos.
