Santa Cruz crea un área de Delito Económico: qué pasará con las casas y autos bajo sospecha

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, anunció la creación de un área de Delito Económico que buscará reconstruir el recorrido del dinero en las investigaciones penales. La medida llega después de una capacitación para efectivos provinciales y federales con especialistas de la Policía Nacional de Colombia y representantes estadounidenses.

El funcionario describió la escena que busca atacar: una casa costosa, varios vehículos y ninguna actividad conocida que explique cómo fueron adquiridos. El Gobierno vinculó la iniciativa con el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y Prodromos mencionó los antecedentes de corrupción en la provincia.

Una etapa de formación, sin fecha ni presupuesto

El ministro aclaró que la provincia está "en la etapa de formación" y que la creación del área llegará después. Los policías con mejor desempeño en la capacitación integrarían la futura estructura. Hasta el momento, el comunicado oficial no precisó fecha de puesta en marcha, dotación, presupuesto ni un acto formal que establezca sus funciones.

La pregunta sobre si el área podría seguir el patrimonio de un funcionario surge de los propios dichos del ministro. Si la dependencia asiste investigaciones de delitos económicos dentro de la competencia provincial, un posible hecho de corrupción o enriquecimiento ilícito vinculado a un funcionario no quedaría descartado por tratarse de alguien del Estado. Sin embargo, esa posibilidad jurídica no equivale a una decisión anunciada: el Gobierno no presentó un listado de casos, un protocolo ni criterios de selección.

El delito de enriquecimiento ilícito previsto en el Código Penal se refiere a funcionarios y empleados públicos en las condiciones que fija la ley. Una persona particular con bienes de alto valor y sin empleo formal no comete ese delito por esa sola circunstancia. La diferencia entre ingresos conocidos y patrimonio puede ser una pista para investigar un hecho concreto, pero no prueba por sí misma narcotráfico, lavado ni corrupción.

Del indicio al expediente: cómo podría trabajar

En términos prácticos, un equipo especializado podría reunir y cruzar información obtenida legalmente sobre vehículos, inmuebles, empresas, operaciones y personas vinculadas con una causa. Podría ayudar a reconstruir quién adquirió un bien, cuándo y a nombre de quién, y aportar ese análisis a la autoridad judicial. Se trata de una descripción de las tareas que podría cumplir una unidad de este tipo; la Provincia aún no publicó las atribuciones de la suya.

El Código Procesal Penal santacruceño permite a la Policía investigar delitos de acción pública, recibir denuncias y preservar pruebas. También establece que debe comunicar los hechos al juez y al fiscal; cuando interviene el juez, la Policía continúa como auxiliar si este lo dispone. El juez de instrucción investiga los delitos de competencia provincial. La creación de una oficina policial no cambia por sí sola esas reglas.

Por eso, seguir el dinero no significa tener acceso libre a cuentas bancarias ni poder allanar domicilios o secuestrar bienes por una sospecha genérica. El acceso a datos protegidos y las medidas sobre bienes deben ajustarse a la ley y al control judicial correspondiente. El propio código provincial prevé la orden fundada del juez para registrar un lugar y dispone reglas específicas para el secuestro, con excepciones acotadas para situaciones urgentes.

La frontera del lavado de activos

Si la investigación detectara posibles maniobras para dar apariencia legal a bienes provenientes de un delito, entraría en juego otra jurisdicción. Según la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el lavado de activos es de competencia federal. Una dependencia de Santa Cruz podría detectar indicios y colaborar con las autoridades competentes, pero no sustituir a un juzgado o una fiscalía federal.

Tampoco se transformaría en la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese organismo nacional recibe y analiza información sobre operaciones sospechosas bajo la Ley 25.246. La futura área provincial no adquiere automáticamente las facultades de la UIF ni acceso irrestricto a sus reportes por el hecho de llevar el nombre de "Delito Económico".

La Policía santacruceña ya cuenta con una Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones y divisiones dedicadas a delitos organizados. Un decreto provincial anterior muestra cómo se incorporaron otras divisiones al organigrama mediante un acto formal. Para saber qué cambiará esta vez faltan respuestas concretas: de qué estructura dependerá la nueva área, qué delitos atenderá, cuántos especialistas tendrá y cómo coordinará con jueces, fiscales, la UIF y la Justicia federal. Por ahora, la capacitación terminó y el compromiso de crearla está anunciado; su funcionamiento efectivo sigue pendiente.