Santa Cruz dice que no tiene adolescentes presos y ya prepara el nuevo régimen penal juvenil

El Gobierno de Santa Cruz afirmó que en la provincia no hay adolescentes privados de libertad por infracciones a la ley penal. La administración provincial busca sostener ese indicador con políticas preventivas, medidas alternativas y un trabajo articulado entre organismos de protección, Justicia, Educación y Salud.

La estrategia tomó relevancia a partir de la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil y contempla la elaboración de protocolos específicos para las distintas localidades santacruceñas.

Un objetivo que la provincia quiere mantener

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, trabaja en la adecuación de los dispositivos provinciales al nuevo marco legal.

La subsecretaria Melisa Peralta indicó que los equipos de la Dirección Provincial vinculados con adolescentes infractores a la ley penal comenzaron con acciones preparatorias en enero y que esa labor se intensificó con la implementación del nuevo régimen en septiembre.

Según explicó la funcionaria, uno de los principales objetivos es preservar el actual índice de cero adolescentes privados de libertad. Para lograrlo, la provincia apunta a reforzar la prevención, la promoción de derechos y los abordajes alternativos.

El planteo también incluye medidas de justicia restaurativa, que buscan que los adolescentes puedan asumir responsabilidad por sus actos, reflexionar sobre las consecuencias y, cuando corresponda, reparar los daños ocasionados, con acompañamiento familiar y social y protección de las víctimas.

Protocolos y trabajo en las localidades

Uno de los desafíos de esta nueva etapa es adaptar la respuesta estatal a las características de cada localidad de Santa Cruz.

En ese marco, se realizaron capacitaciones en las zonas Norte y Sur, con participación de autoridades locales, representantes judiciales y equipos técnicos de Salud y Educación. Allí se avanzó en un primer diagnóstico territorial y en la identificación de los recursos disponibles para definir protocolos de actuación.

Entre los aspectos que se encuentran bajo análisis aparecen los procedimientos de aprehensión de adolescentes y la necesidad de establecer una intervención diferenciada respecto del sistema de Justicia destinado a adultos.

También se trabaja en la preparación de espacios especializados para la atención de adolescentes y en oficinas vinculadas con los organismos de protección, tanto para quienes se encuentren en conflicto con la ley penal como para menores que sean víctimas.

El nuevo régimen y lo que viene

La provincia mantiene además una articulación con organismos nacionales para mejorar sus sistemas de información y contar con estadísticas más precisas. Según informó Desarrollo Social, se firmó un convenio con Nación que contempla herramientas técnicas y la incorporación de un supervisor, aunque el acuerdo todavía se encuentra en etapa administrativa de ratificación.

El trabajo se vincula también con la implementación de la Ley N.° 27.801 y con una agenda interinstitucional que incluye al Poder Judicial, organismos provinciales y áreas vinculadas con la protección de derechos. A fines de septiembre, Santa Cruz había avanzado en una mesa de trabajo entre distintos organismos para establecer criterios comunes frente al nuevo régimen.

Para 2027, el Gobierno provincial anticipó que buscará avanzar con una planificación territorial más consolidada y una previsión presupuestaria basada en estadísticas que permitan dimensionar las necesidades de cada localidad.

Por ahora, el objetivo declarado es mantener el indicador de cero adolescentes privados de libertad y fortalecer las herramientas preventivas y alternativas antes de que las situaciones de conflicto con la ley penal deriven en medidas de privación de libertad.