Santa Cruz: el proyecto que apunta a los familiares de funcionarios en el Estado

Un proyecto de ley que busca prohibir el nombramiento de familiares de funcionarios públicos en la provincia de Santa Cruz ya está en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por la diputada Claudia Barrientos, del bloque Por Santa Cruz, no solo abarca los ministerios, sino que también alcanza a organismos autárquicos, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria.

El texto, identificado con el expediente 661/26, fue presentado el 23 de septiembre de 2026 y tomó estado parlamentario en la sesión del 24 de septiembre. Se denomina "Prevención de prácticas de nepotismo en el ámbito de la función pública" y, por ahora, no es ley.

¿A quiénes alcanza la prohibición?

La restricción abarca a familiares del gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, ministros, secretarios, subsecretarios y máximas autoridades de organismos públicos. El parentesco contemplado llega hasta el segundo grado de consanguinidad: padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. También incluye vínculos de afinidad como cónyuges, convivientes, suegros, yernos y nueras.

La prohibición se extiende a cargos políticos, técnicos, de gabinete, permanentes y temporarios, sin importar la modalidad de contratación. Además, no se limita a los ministerios: comprende organismos autárquicos, empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria y entidades controladas o financiadas mayoritariamente por la Provincia.

¿Qué pasa con los familiares que ya trabajan en el Estado?

El proyecto prevé excepciones para que un vínculo familiar no derive automáticamente en la pérdida del empleo. Quienes ingresaron por concurso antes de la asunción del funcionario relacionado, el personal de carrera que acceda a promociones mediante procedimientos reglados y quienes hayan obtenido cargos por elecciones quedarían exceptuados. También las designaciones realizadas antes de la eventual entrada en vigencia de la ley.

Sin embargo, los funcionarios alcanzados deberían abstenerse de intervenir en decisiones sobre contrataciones, ascensos o evaluaciones de familiares. La propuesta también impide relaciones de supervisión directa entre familiares y contempla traslados para resolver esas situaciones sin perjudicar la categoría laboral del trabajador.

Sanciones y alcance

El artículo 11 establece que el incumplimiento de la futura norma daría lugar a la nulidad del acto administrativo de designación o contratación. Además, las autoridades comprendidas deberían informar en sus declaraciones juradas patrimoniales y de intereses los vínculos familiares que pudieran generar conflictos de intereses.

La aplicación obligatoria regiría para los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales, mientras que se invita al Poder Judicial y a los municipios de Santa Cruz a adherir, respetando sus autonomías.

La iniciativa se suma al debate sobre las condiciones de ingreso al empleo público y los mecanismos de control de las designaciones estatales. En junio de 2025, El Diario Nuevo Día había informado sobre un proyecto nacional de ética pública presentado por Roxana Reyes, que también contemplaba restricciones al nepotismo.

En este caso, la propuesta de Barrientos apunta específicamente a la administración provincial y sus empresas y organismos. Para que las nuevas restricciones entren en vigencia, el proyecto deberá completar su tratamiento legislativo y convertirse en ley. (Diario Nuevo Día)