Santa Cruz, en el ojo de la sesión más caliente del Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación tiene una cita clave este jueves 15 de octubre a las 14. La oposición impulsó una sesión especial para tratar el rechazo al DNU 70/23, pero antes de pisar el recinto deberá resolver un obstáculo que se volvió el centro de todas las negociaciones: reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate.

El temario no se agota en el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023. Los bloques convocantes sumaron la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad y proyectos ligados al endeudamiento de las familias, una jugada parlamentaria para ampliar los motivos que empujen a legisladores de distintos espacios a sentarse en sus bancas.

Las estimaciones que circulaban en la previa ubicaban a los impulsores por debajo de esa cifra. Los conteos mostraban diferencias y varios nombres aparecían como decisivos para inclinar la balanza. En ese grupo, según el relevamiento del portal Parlamentario.com y otras coberturas previas, asoma el santacruceño José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz.

Quórum y voto: dos instancias que no van de la mano

En el Congreso, habilitar la sesión y votar el fondo del asunto son cosas distintas. Una ausencia puede impedir que arranque el debate; una presencia no garantiza acompañar el rechazo del decreto. Esa diferencia es la que mantiene en vilo a los bloques provinciales y a los sectores dialoguistas, cuyos movimientos terminan de definir el número final.

La discusión también involucra a los gobernadores y a la relación con la Casa Rosada. La pertenencia de Garrido a Por Santa Cruz lo mete en ese mapa nacional de negociaciones, aunque cualquier definición sobre su postura frente a cada proyecto debe distinguirse de lo que resuelva el bloque en su conjunto o del criterio de otros representantes de la provincia.

Qué es el DNU 70/23 y por qué vuelve al recinto

El decreto fue una de las primeras medidas estructurales del gobierno de Milei. Publicado en diciembre de 2023, incluyó un amplio paquete de desregulaciones, derogaciones y cambios normativos en distintos sectores de la economía.

Entre sus puntos salientes aparecen las modificaciones al régimen de alquileres, la derogación de la Ley de Abastecimiento y de la Ley de Góndolas, ajustes en la regulación de varios mercados y la eliminación de la Ley de Tierras Rurales a través de su artículo 154. Esa amplitud encendió una controversia política y jurídica sobre los límites de las facultades del Poder Ejecutivo para avanzar con cambios de ese calibre sin una ley previa del Congreso.

La oposición sostiene que el Parlamento debe completar el trámite y definir si lo rechaza en su totalidad. El oficialismo defiende el rumbo de las desregulaciones y advierte sobre las consecuencias de una derogación integral.

El antecedente pesa: en marzo de 2024 el Senado rechazó el DNU 70/23, pero Diputados nunca completó un pronunciamiento equivalente. La Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, marca el procedimiento a seguir. Como el rechazo de la Cámara alta no tuvo correlato en la baja, la discusión siguió abierta y ahora vuelve al recinto.

La Corte, la Ley de Tierras y el escenario judicial

Uno de los factores que devolvió al DNU al centro de la agenda fue la pelea judicial por la Ley de Tierras Rurales. Sancionada en 2011, esa norma fijó restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, con límites porcentuales y condiciones específicas.

El artículo 154 del decreto la derogó. En septiembre y octubre de 2026, distintas decisiones judiciales sobre la aplicación de ese artículo modificaron el tablero político y reactivaron el reclamo opositor para que el Congreso se pronuncie sobre el decreto completo.El 9 de octubre, la Corte Suprema dispuso suspender provisionalmente los efectos de ese artículo en el marco de una causa. La medida no resolvió el fondo de la cuestión, pero reinstaló el debate sobre la vigencia de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

La controversia excede el choque entre oficialismo y oposición: toca la regulación de la propiedad rural, el alcance de las decisiones judiciales y el papel del Congreso en la revisión de normas dictadas por el Ejecutivo. Para Santa Cruz, provincia de gran extensión y con actividades ligadas al campo, la ganadería, la minería y los recursos naturales, el tema tiene relevancia local. Los efectos concretos de una eventual derogación o restitución de normas, de todos modos, deben analizarse según las disposiciones aplicables y cada situación particular, sin atribuir consecuencias automáticas a todo el territorio.

Discapacidad y endeudamiento: los otros ejes del temario

La sesión no se limita al DNU. Los bloques opositores incluyeron una iniciativa para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y extender la vigencia de la Ley 27.793, con impacto directo en prestaciones, servicios y acceso a derechos.

El tercer eje es el endeudamiento familiar, asociado a las dificultades económicas de numerosos hogares. Los proyectos buscan abrir una discusión legislativa sobre herramientas de alivio frente a las obligaciones financieras.

La inclusión de estos temas también responde a una estrategia parlamentaria: al reunir distintas demandas en una misma jornada, los convocantes intentan ampliar los motivos para que legisladores de espacios diversos acompañen la apertura del recinto, aunque el apoyo a cada proyecto pueda variar.

La contraofensiva del oficialismo

En las horas previas, el oficialismo movió sus fichas para reducir las chances de que la oposición reúna el número necesario. En comisiones impulsó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que se incorporaron cambios para restablecer la vigencia de la Ley de Tierras Rurales y modificar el escenario alrededor del artículo 154.

La maniobra buscó ofrecer una respuesta legislativa específica sobre la propiedad rural sin aceptar el rechazo integral del decreto, separando la discusión sobre las tierras del resto de las desregulaciones.

También se anunció una convocatoria del oficialismo para el miércoles 21 de octubre, con temario propio sobre propiedad privada y otros temas sociales. Esa agenda paralela se convirtió en otra pieza de la disputa por el control del calendario parlamentario.

Los bloques provinciales quedaron bajo la lupa porque sus decisiones pueden alterar el número de presentes. En una Cámara donde las posiciones no se dividen solo entre oficialismo y oposición, los acuerdos con legisladores vinculados a los gobernadores pueden ser determinantes para abrir el debate y para cada votación posterior.

Qué puede pasar este jueves

La sesión está convocada para las 14, pero su inicio depende del quórum reglamentario. Si los legisladores necesarios se sientan en sus bancas, el recinto podrá tratar el temario; si no se llega a los 129 presentes, la discusión no podrá desarrollarse en los términos previstos.

Incluso si se abre la sesión, el resultado de cada iniciativa dependerá de las mayorías que se construyan durante el debate. La asistencia no garantiza el voto afirmativo y las posiciones sobre el DNU, la discapacidad y el endeudamiento familiar pueden diferir entre los mismos bloques.

Para Santa Cruz, la jornada permite observar cómo se inserta la representación provincial en una discusión que excede las fronteras locales. El alcance de las facultades presidenciales, el funcionamiento del Congreso y las normas que regulan distintos aspectos de la economía forman parte de un debate con consecuencias políticas y jurídicas en todo el país.

La sesión de este 15 de octubre llega con dos interrogantes centrales: si la oposición logrará reunir el número necesario para abrir el recinto y si conseguirá transformar esa asistencia en una mayoría capaz de avanzar sobre el DNU 70/23. La respuesta se conocerá con el desarrollo efectivo de la jornada, sin que las previsiones previas permitan dar por anticipado un resultado.