Santa Cruz, en la mira: qué pasará con los alambrados y corrales de las estancias tras la media sanción de Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a una reforma del Código Penal que endurece las penas por delitos cometidos en establecimientos rurales, con sanciones que pueden llegar a 10 años de prisión. El proyecto ahora pasa al Senado y, de convertirse en ley, tendría un impacto directo en la actividad ganadera de Santa Cruz.

La votación se resolvió el miércoles 21 de octubre con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención. La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO, y sufrió modificaciones a lo largo del debate parlamentario.

El texto apunta a proteger la propiedad rural y los bienes afectados a la producción. En una provincia con grandes extensiones de estancias y producción ovina, la norma podría alcanzar hechos que hoy quedan en un terreno gris.

Qué bienes quedarían protegidos

El proyecto incorpora nuevas figuras penales y prevé penas de dos a ocho años de prisión, además de multas, para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes rurales cuando esas acciones afecten directamente la producción agropecuaria.

Entre los elementos alcanzados figuran:

Alambrados, tranqueras y corrales.

Ganado y otros animales destinados a la producción.

Bombas de agua, generadores y paneles solares.

Reservas hídricas e instalaciones de abastecimiento.

Forrajes, materias primas y otros recursos productivos.

La relevancia para Santa Cruz no es menor: muchos establecimientos ganaderos están lejos de los centros urbanos y reponer o reparar estas instalaciones puede volverse una tarea complicada y costosa.

Cuándo la pena llega a los 10 años

La iniciativa contempla agravantes para los casos más graves de vandalismo rural. La pena máxima se aplicaría cuando los daños sean cometidos por tres o más personas de manera coordinada, provoquen la pérdida total de la producción, impidan la continuidad del ciclo productivo o involucren violencia o amenazas contra las personas, siempre que no corresponda otra figura penal con una sanción mayor.

El texto también prevé penas más severas cuando el autor o instigador sea un funcionario público o alguien dedicado habitualmente a la actividad agropecuaria.

Para Santa Cruz, estas disposiciones podrían tener peso ante hechos que comprometan el funcionamiento de los establecimientos, sobre todo cuando afecten animales, infraestructura o recursos indispensables para sostener la producción.

Ingresar sin autorización también tendría castigo

Otro de los cambios es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales o sus dependencias contra la voluntad de quien tiene derecho a impedirlo.

La existencia de alambrados, cerramientos, vallas o carteles de prohibición permitiría presumir esa voluntad de exclusión. Sin embargo, el proyecto contempla excepciones cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, a razones de auxilio o a situaciones en las que no resulte posible distinguir claramente los límites del establecimiento respecto de la vía pública.

Las sanciones podrían agravarse si el ingreso obstaculiza la actividad productiva o genera peligros concretos para las personas, los animales o los cultivos.

Qué significa para la ganadería santacruceña

La producción ovina es una actividad histórica en Santa Cruz, con establecimientos repartidos por distintas regiones de la provincia. En muchos casos, las estancias dependen de extensas redes de alambrados, sistemas de provisión de agua, corrales y otras instalaciones para el manejo de los animales.

Los daños sobre estos elementos pueden generar consecuencias económicas que van más allá del costo de reparación, especialmente cuando afectan el cuidado del ganado o la continuidad de las tareas productivas. En ese marco, la reforma busca establecer sanciones específicas para hechos que comprometan la actividad rural.

De todos modos, las nuevas penas todavía no están vigentes: el proyecto deberá obtener la aprobación del Senado y completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.