Santa Cruz, entre las provincias con mayor morosidad: cada deudor debe en promedio más de $4,2 millones

Un informe nacional reveló que Santa Cruz tiene una de las tasas de morosidad más altas del país, con un 20,6%, y además registra el segundo mayor monto promedio de deuda irregular por persona: $4.257.842. El dato surge del último estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con información del Banco Central y de la Central de Deudores.

El ranking de incumplimiento es liderado por La Rioja, con 23,1%; le siguen Catamarca y Santa Cruz, ambas con 20,6%; luego San Luis (20,5%) y San Juan (20%). Pero lo que distingue a la provincia patagónica es que combina un alto porcentaje de mora con uno de los montos individuales más elevados del país.

¿Cuánto deben los santacruceños?

Mientras que a nivel nacional la deuda morosa promedio es de $2.490.084, en Santa Cruz esa cifra asciende a $4.257.842. Solo Tierra del Fuego supera a la provincia, con $4.788.580. También están por encima de la media nacional CABA ($4.071.448), Neuquén ($3.667.299) y Chubut ($3.551.620).

El dato es llamativo porque no siempre las provincias con mayor porcentaje de morosidad son las que acumulan las deudas individuales más altas. Santa Cruz, en cambio, presenta ambas situaciones: una tasa de incumplimiento de las más altas y uno de los montos promedio más elevados.

Un problema que se agravó desde 2024

La situación provincial se inscribe en un contexto nacional preocupante. En junio de 2026, la morosidad con entidades financieras alcanzó el 7,6%, apenas por debajo del 7,7% de mayo, pero aún en niveles históricamente altos. El deterioro comenzó a acelerarse en el cuarto trimestre de 2024, cuando la mora bancaria general era de solo 1,5%.

El mayor impacto se concentra en las familias: su morosidad con los bancos llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 2,5% de octubre de 2024. En las empresas, el aumento fue menor, pasando del 0,7% al 3,5%. El informe sostiene que el nivel de mora familiar con bancos no se veía desde la crisis de 2001, cuyo máximo histórico fue del 32,7% en septiembre de 2003.

Préstamos personales y tarjetas: el centro del problema

El endeudamiento familiar está concentrado especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito. A mayo de 2026, ambos instrumentos representaban $43,98 billones sobre un total de $68,36 billones de deuda familiar, es decir, el 64,3%. Dentro de la cartera morosa, explican el 73% de la deuda irregular de las familias.

La mora en préstamos personales pasó del 3,3% al 15,9% desde 2024, mientras que en tarjetas de crédito subió del 1,6% al 13,1%.

El salto de las billeteras virtuales

El informe marca un cambio en la forma de financiamiento: mientras los bancos restringieron su cartera, las billeteras virtuales ganaron terreno. En este segmento, la morosidad pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026, superando el récord de la pandemia (27,1% en mayo de 2020).

Sumando bancos y billeteras, la morosidad total de las familias ronda el 15,5%. La CENDEU contabilizó en junio de 2026 20,96 millones de deudores, de los cuales 5,91 millones estaban en mora: 2,90 millones solo con billeteras, 1,66 millones solo con bancos y 1,36 millones con ambos.

Más de 2,6 millones de nuevos morosos

Comparando junio de 2026 con febrero de 2024, se incorporaron 2,60 millones de nuevos deudores morosos. Las billeteras virtuales sumaron 1,40 millones de morosos exclusivos (+93,6%), mientras que los bancos incorporaron 1,01 millones (+157,6%). El universo total de deudores creció en 1,60 millones, pero los bancos redujeron su cantidad de deudores en 1,09 millones, lo que sugiere una migración del endeudamiento hacia plataformas digitales con tasas más altas.

La mochila financiera de las familias

El estudio cuestiona que la mora se deba solo a decisiones individuales. Según el BCRA, en abril de 2026 la carga mensual de servicios de deuda representó el 24,1% de la masa salarial de las familias, y cerca del 80% corresponde a préstamos personales y tarjetas. Además, los trabajadores registrados acumulan una caída del 8,7% del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei; si se usa la canasta de la ENGHo 2017/18, la pérdida alcanza el 18,7% desde noviembre de 2023.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional define la morosidad como un “problema entre privados”. El ministro Luis Caputo sostuvo que cada persona debe asumir sus decisiones, aunque reconoció que las tasas de algunas billeteras pueden superar el 400%.

El riesgo de una deuda cada vez más cara

El informe advierte sobre una precarización del endeudamiento: cuando los bancos restringen el crédito, los deudores migran a instrumentos más caros. Una deuda bancaria con costos de hasta 180% anual puede pasar a préstamos de billeteras o prestamistas con tasas de hasta 1.375%. La Situación 4 (alto riesgo de insolvencia) concentra el 45,7% del monto irregular total, equivalente a $6,73 billones; la Situación 5 (irrecuperable) acumula $3,86 billones, de los cuales las billeteras explican el 64,6%.

Los jóvenes, los más afectados

La crisis crediticia golpea más a los menores de 34 años, que concentran el 38,7% de todos los deudores morosos. Además, el 72,6% de los jóvenes morosos tiene deudas con billeteras virtuales. Las tasas más altas se dan entre los 18 y 19 años (32,7%) y entre los 20 y 24 años (33,6%), el nivel más elevado de toda la población.

Un mapa federal de la mora

Las mayores tasas de incumplimiento se concentran en el norte de Cuyo y el sur del NOA, pero Santa Cruz aparece como una excepción relevante. Las tasas más bajas están en La Pampa (8,7%), CABA (10%), Entre Ríos (12,6%), Santa Fe (12,7%) y Córdoba (12,9%).

El informe concluye que bancos y billeteras están endureciendo sus condiciones de crédito: se presta menos, pero la deuda existente se vuelve más difícil de pagar. Para Santa Cruz, los números son preocupantes: con un 20,6% de morosidad y una deuda promedio de $4.257.842, la provincia está en la primera línea del deterioro crediticio argentino. El fenómeno no solo afecta a quienes ya están en mora, sino también a los hogares en riesgo bajo o intermedio que podrían deteriorarse si continúa la pérdida de ingresos y el encarecimiento del financiamiento.