Santa Cruz entregó 21.000 hectáreas protegidas a un fondo emiratí: la denuncia que apunta a Vidal

Un decreto del gobernador Claudio Vidal habilitó la transferencia de 21.000 hectáreas del Área Natural Protegida Península de Magallanes a una sociedad controlada por capitales de los Emiratos Árabes Unidos, en plena vigencia de la ley que prohíbe la venta de tierras con acceso a cuerpos de agua. Diputados provinciales y el CEJUS presentaron un amparo para declararlo inconstitucional.

La operación, según la denuncia, no fue un movimiento aislado. El expediente reconstruye una secuencia: primero una empresa local presentó un proyecto turístico y hotelero sobre tierras propias; después el Consejo Agrario Provincial (CAP) modificó su normativa para permitir que ese proyecto se transfiriera a otra sociedad; y el cierre fue un decreto de excepción firmado por Vidal para saltear las restricciones de la ley nacional de tierras.

El amparo contra el decreto 915/2026

La presentación judicial busca declarar la inconstitucionalidad del decreto provincial y también del artículo 154 del DNU 70/2023. La firmaron los diputados provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto al Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS).

El texto del amparo sostiene que la sociedad beneficiaria se constituyó mientras el expediente estaba en curso y que su incorporación generó observaciones sobre la acreditación de personería y la documentación presentada. "Pese a ello, la operación avanzó sin la Previa Conformidad exigida por el régimen federal de Zonas de Seguridad y fue autorizada durante la vigencia de la Ley 26.737", señala la presentación.

Las parcelas lindan con el Lago Rico y con el Ventisquero Perito Moreno, con la Reserva Parque Nacional Los Glaciares en el medio. El artículo 10 de la Ley 26.737 prohíbe expresamente la titularidad o posesión extranjera cuando el inmueble contiene o es ribereño de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, categoría que la reglamentación extendió a ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros y glaciares.

"Autorizar la transferencia mientras esa disposición se encontraba operativa constituye una de las razones centrales por las que el Decreto 915/2026 aparece afectado de una ilegitimidad manifiesta", indicaron los amparistas.

La causa quedó en el juzgado federal de Río Gallegos a cargo de Marcelo Vázquez, que ya corrió vista al Ministerio Público Fiscal. Los presentantes enumeraron otras normas que consideran transgredidas: la Ley General del Ambiente (25.675) y sus principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y sustentabilidad; la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglacial; y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información ambiental.

Qué dice Fabián Toledo, del CEJUS

"Esta es la foto más representativa del plan de Milei en la Patagonia y en Santa Cruz en particular. El gobernador Vidal es la expresión más grande de ese programa. Lo que uno observa en esta trama es un acto de corrupción que involucra a la propia Corte Suprema de Justicia que le adelantó al gobernador su primer fallo vinculado a la ley de tierras", sostuvo Fabián Toledo, director del CEJUS, en diálogo con El Destape.

Toledo apuntó además a los tiempos del expediente: "Vidal arrancó las negociaciones el año pasado. Cuando ves en el expediente, la secretaria legal y técnica de la provincia dejó por escrito que la Ley de Tierras había sido derogada cuando esto no era así. Es probable que desde la Corte Suprema de Justicia les hayan adelantado la sentencia con una participación específica por parte de la fiscal de Estado designada por el gobernador que se llama Natalia Linardi".

La trampa, paso a paso

El derrotero surge del Expediente CAP N.° 495.894/2023. La empresa Lacustre del Sud S.A., presidida por David Alejandro Laniado, fue la que presentó el proyecto turístico y hotelero sobre fracciones de tierra de su propiedad en el área protegida, cerca del Glaciar Perito Moreno, en El Calafate. El Master Plan Ecocentro se aprobó el 8 de mayo de 2026 mediante la resolución 185 del Consejo Agrario Provincial.

Poco después, el 19 de mayo de 2026, el CAP avanzó con una enmienda normativa que agregó la posibilidad de transferir ese proyecto a otra sociedad. Para los denunciantes, fue el paso que abrió la puerta a la operación con capitales extranjeros.

En paralelo, en Dubai se reunió el directorio de ASB HOSPITALITY LLC, propiedad de Albwardy Investment, el conglomerado multiindustrial fundado por el magnate emiratí Ali Saeed Juma Albwardy. El 7 de abril, los empresarios mandataron al abogado Javier Martín Petrantonio para constituir en Argentina ASB Hospitality Calafate S.A.U., registrada el 27 de julio por escritura pública N°193 con un capital de 30 millones de pesos. El domicilio fiscal elegido es el estudio jurídico Bomchil, en el microcentro porteño.

El 28 de agosto, la Dirección de Asesoría Legal del CAP remitió a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación la documentación societaria de la firma y emitió opinión favorable a exceptuar, por única vez y con carácter estrictamente excepcional, las restricciones de la ley de tierras nacional, reglamentada por el decreto provincial 994/2017.

"Que el titular dominial de la superficie involucrada ha solicitado autorización para transferir el inmueble a favor del inversor extranjero, constituyendo la restricción del artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17 un impedimento meramente formal para la concreción de esta inversión estratégica que la Provincia no puede desaprovechar", dice el proyecto de decreto que después se pasó a la firma del gobernador.

Las fechas que llaman la atención

Vidal firmó el decreto de excepción el 1° de septiembre, pero la publicación abreviada en el Boletín Oficial de Santa Cruz recién apareció el 22 de ese mes. Es decir, siete días antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de tierras y el DNU 70/2023, el mismo tribunal que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.