Santa Cruz es la única provincia del país con este organismo: cómo decide quién pierde el empleo

El Tribunal Disciplinario de la Administración Pública tiene una particularidad que pocas provincias pueden mostrar: su existencia está contemplada en la propia Constitución santacruceña. Así lo destacó su nuevo presidente, Ítalo Bringas, quien contó en La Parada (Tiempo FM 97.5) cómo funciona el organismo que define sanciones y despidos de empleados estatales.

Bringas asumió la conducción tras el fallecimiento de Juan Segundo Gallardo, a quien recordó como “un hombre que trabajó muchísimo y dejó la vara muy alta”. “Lo estoy reemplazando a partir de la situación lamentable de su partida”, expresó.

No es nuevo en el cargo: entre 2015 y 2017 ya había sido vocal por la minoría política. Con el cambio de gobierno y la llegada de Claudio Vidal al Ejecutivo, pasó a ocupar una vocalía por el oficialismo y fue designado vicepresidente. Ahora le toca presidir el cuerpo.

Abandono de servicio y ausentismo, los casos que más llegan

El Tribunal recibe expedientes de distintas dependencias de la Administración Pública y también de algunos municipios. Según detalló Bringas, “abandono de servicio y ausentismo son los sumarios más recurrentes”, aunque aclaró que pueden existir otros motivos.

El circuito es siempre el mismo: una vez que el sumario llega al Tribunal, se cita a la persona involucrada y se le da un plazo para presentar su descargo, ya sea en forma personal o mediante un abogado. Cumplidas esas instancias, el cuerpo sesiona y analiza si corresponde aplicar una sanción.

“Si corresponde al pedido de sanción se resuelve a partir de ahí, se notifica al Poder Ejecutivo para que se publique y la gente en esos casos es despedida”, señaló.

Qué pasa cuando el expediente llega mal armado

Consultado sobre qué ocurre si el Estado vulnera los derechos de un trabajador, Bringas indicó que ese tipo de sumarios prácticamente no han llegado al Tribunal. Sin embargo, reconoció que sí recibieron expedientes “mal armados” o que no correspondían y que en esos casos fueron rechazados.

“Los hemos rechazado y no se ha impuesto la pena al trabajador”, afirmó. Y sostuvo que el organismo garantiza “no solamente el debido proceso sino la defensa del trabajador”.

“Eso está dentro del marco legal y nosotros tanto en el caso de los vocales por el Ejecutivo como el vocal gremial y el vocal por la minoría siempre manifestamos que se debe cumplir, que se debe garantizar la defensa normal del trabajador”, expresó.

Cuántos sumarios se tramitan y cómo se protege al empleado

Bringas aclaró que las causas que llegan al Tribunal “no representan un porcentaje significativo” en relación con la cantidad de empleados públicos de la provincia. “Por ejemplo, hemos tenido 10 ó 15 en lo que va del año”, precisó.

El funcionario mencionó que el marco legal está dado por los convenios colectivos y por la Ley 1615, que creó el Tribunal Disciplinario. La normativa establece que, al ser notificada de un sumario, una persona tiene cinco días para hacer su descargo. “Nosotros ese plazo como tribunal siempre lo ampliamos, nunca lo tomamos como una cuestión totalmente rígida”, afirmó.

También señaló que existe la posibilidad de realizar audiencias para que el trabajador efectúe presentaciones. “Todo ese tipo de cuestiones son las garantías que tiene para que sea justo el análisis de la situación”, concluyó.

Rango constitucional y digitalización

Entre los aspectos a fortalecer, Bringas consideró que se debe continuar con las capacitaciones. “Lo que hay que seguir haciendo en realidad es lo que se venía planteando a partir del 2023 que son las capacitaciones, las charlas, recordarle a los empleados públicos cuáles son sus derechos y también sus obligaciones”, indicó.

En ese sentido, remarcó una característica que distingue a Santa Cruz: “Este tribunal es en la única provincia que tiene rango constitucional”. “Nosotros estamos dentro de la Constitución de la provincia de Santa Cruz”, explicó, lo que le otorga “una representación y un trabajo muy importante” y la posibilidad de realizar pedidos de informe y requisitorias “por la jerarquía” que tiene.

Sobre las sanciones, explicó que dependen del ámbito en que se desempeñe cada trabajador: existe el convenio colectivo para la Administración Central y distintas legislaciones para otros organismos. Los municipios, en tanto, cuentan con sus propias ordenanzas, donde se establece la cantidad de días que pueden faltar los trabajadores y cuándo corresponde aplicar una sanción.

“A partir de cierta cantidad de días justificado o no justificado, según el ámbito donde vos estés trabajando, se empiezan a aplicar sanciones y después se crea un sumario”, detalló. Por eso consideró importante recordar a los trabajadores tanto el convenio colectivo como las distintas legislaciones que establecen “cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el trabajador y que todo trabajador debe tener en cuenta y debe cumplir”.

En el caso de los funcionarios jerárquicos, explicó que lo primero que debe suceder es su salida del cargo. “Después el sumario tiene que continuar como corresponde por la falta que tenga”, afirmó. Como ejemplo hipotético mencionó una posible falta por desfalco al Estado: en ese caso, señaló, debe continuar por un lado la denuncia penal y por otro la vía administrativa mediante un sumario que llegará al Tribunal.

Por último, se refirió al proceso de digitalización: el Tribunal, al igual que el resto del Estado provincial, está actualizando las actuaciones que legalmente pueden mostrarse de manera digital. No obstante, aclaró que las actas de las sesiones tienen un resguardo legal. “Por ley nosotros únicamente que tengamos una orden judicial, no las podemos mostrar”, indicó.

“Pero después todo el resto de nuestra documentación, nuestras actuaciones, están dentro de las redes que tiene el Tribunal y dentro de los sitios que tiene el Poder Ejecutivo”, manifestó.