Santa Cruz: la venta de tierras frente al Perito Moreno llega a la Legislatura y ya hay un funcionario en la mira

La autorización excepcional que habilitó la venta de tierras privadas en Península Magallanes, a metros del glaciar Perito Moreno, desembarcó en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. El expediente, de casi 500 páginas, ya está en manos de los legisladores y la oposición prepara un cuestionario incómodo para el Gobierno provincial.

El diputado de Unión por la Patria Carlos Godoy, autor del proyecto de resolución aprobado por mayoría en la última sesión, explicó que el objetivo es acceder a toda la documentación, analizar el expediente y definir si corresponde citar a funcionarios para que den explicaciones ante las comisiones. "Nosotros vamos a determinar qué comisiones se puede llegar a citar al presidente del Consejo Agrario", adelantó durante una entrevista con Radio Nuevo Día.

El mecanismo que despertó las sospechas

El primer cuestionamiento opositor apunta al procedimiento: la operación se habilitó mediante un decreto de excepcionalidad para permitir la venta a capitales extranjeros. Godoy dijo estar "totalmente en desacuerdo" con esa vía y sostuvo que el caso exige un análisis más profundo por las características del lugar.

"No estamos en desacuerdo con inversiones turísticas, inversión extranjera o cualquier tipo de inversión", aclaró, aunque marcó la diferencia con lo que ocurre en Península Magallanes. Según contó, el decreto fue firmado el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de ese mes, y recién entonces la oposición tomó conocimiento del caso. A partir de ahí impulsaron primero una cuestión de privilegio y después el proyecto de resolución.

El diputado también apuntó contra los tiempos del Ejecutivo: si el Gobierno venía evaluando el proyecto turístico desde hacía aproximadamente un año, como habría señalado el gobernador Claudio Vidal, la Cámara debería haber tenido mayor participación. "Me parece que también tendría que haber estado involucrada la Cámara de Diputados", planteó.

El antecedente ambiental que complica la operación

Para Godoy, el punto central es el lugar donde se encuentran los terrenos. Recordó que se trata de un área protegida o reservada y que ya hubo conflictos con propietarios privados que llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia. En ese antecedente se pidió un estudio de impacto ambiental y el análisis habría determinado que no correspondía avanzar con un proyecto turístico por el impacto que podía generar en el sector.

Ahora, el legislador cuestiona que ese antecedente se use como referencia para la nueva autorización sin que exista, según su lectura del expediente, un estudio específico para la operación actual. "Se tendría que pedir un nuevo proyecto de impacto ambiental", afirmó, y agregó que ese estudio debería incluir audiencias públicas y más información sobre las características del emprendimiento.

Quiénes compran y qué sociedad está detrás

Otro de los interrogantes que la oposición quiere despejar es la identidad de los compradores. Godoy mencionó capitales provenientes de Emiratos Árabes y remarcó que pretenden conocer nombres y apellidos. También manifestó reparos por la constitución, meses antes de la operación, de una sociedad vinculada al emprendimiento.

"Si nosotros empezamos a analizar quiénes son los capitales, nombre y apellido, a ser concreto, esa información es la que hoy por hoy nosotros vamos a estar analizando", expresó. Según aclaró, el planteo no apunta al origen extranjero de la inversión en sí, sino a exigir información completa sobre la operación y el proyecto.

La chance de que la Provincia comprara las tierras

Entre los elementos que Godoy destacó aparece una alternativa que, según indicó, figura en el expediente: que la Provincia hubiera adquirido los terrenos. El diputado afirmó que Santa Cruz tuvo la oportunidad de comprarlos por "3 billones de dólares" y cuestionó que no se haya optado por esa vía para mantenerlos bajo protección estatal.

"Hubiese sido considerado una acción importante, pero no para que la provincia después pueda venderla a capitales privados, sino justamente para tenerlo como área protegida", sostuvo. El argumento opositor vuelve así sobre la tensión entre desarrollo turístico, inversión privada y preservación ambiental.

Glaciares, módulos y advertencias

Godoy vinculó la discusión con la situación de los glaciares y mencionó información sobre el retroceso del Perito Moreno. "Tenemos que cuidar los glaciares", afirmó, y cuestionó el impacto que podrían generar las obras proyectadas. Según los datos que maneja la oposición, el proyecto pasaría de 24 a casi 30 módulos.

"Cada acción que hace el hombre en sí tiene un impacto", sostuvo el diputado, quien anticipó que su bloque pedirá información específica sobre este aspecto.

"Improvisación" y preguntas concretas

Además de los cuestionamientos ambientales y administrativos, Unión por la Patria buscará poner bajo discusión la forma en que el Ejecutivo tomó la decisión. Godoy adelantó que intentarán dejar en evidencia lo que, desde su perspectiva, constituye "improvisación" por parte del Gobierno provincial.

"Tenemos todos los fundamentos para poder debatir esta decisión política que toma el gobernador de manera unilateral", afirmó. El bloque ya prepara "una serie de preguntas concretas" para avanzar sobre los puntos más sensibles del expediente.

Entre los ejes que pretenden llevar a las comisiones figuran: por qué se recurrió a una autorización excepcional, cuáles son los antecedentes ambientales de las tierras, si corresponde un nuevo estudio de impacto ambiental, si habrá audiencias públicas y con qué alcance, quiénes son exactamente los compradores, qué sociedad interviene y cuándo se constituyó, qué proyecto turístico se pretende desarrollar, qué impacto podrían generar las obras por su cercanía con el área protegida y el glaciar, qué funcionarios participaron de la decisión y por qué la Cámara no tuvo participación previa.

La oposición pretende que estos puntos se respondan con documentación y, eventualmente, en una instancia presencial ante las comisiones. El proyecto de resolución aprobado por mayoría no tiene fuerza de ley, pero constituye un pedido institucional al Poder Ejecutivo para que aporte información sobre la operación.

Con el expediente ya en poder de la Cámara, los legisladores deberán analizar la documentación y definir si citan a funcionarios, convocan al presidente del Consejo Agrario, Hugo Garay —quien ya habría mostrado predisposición para asistir— o avanzan con una comisión especial. El debate, lejos de limitarse a una venta de tierras privadas, pondrá el foco en los controles aplicados, el proyecto que se pretende desarrollar frente a un área de alto valor ambiental, quiénes están detrás de la inversión y por qué el Ejecutivo eligió la vía de la excepción.