Santa Cruz pone la lupa en las tierras ociosas: ¿qué pasará con los campos improductivos?

¿Sabías que Santa Cruz tiene miles de hectáreas sin producir? Un proyecto de ley busca reactivarlas con un plan que incluye desde créditos hasta expropiaciones. Enterate de todos los detalles.

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Santa Cruz pone la lupa en las tierras ociosas: ¿qué pasará con los campos improductivos?
Santa Cruz pone la lupa en las tierras ociosas: ¿qué pasará con los campos improductivos?

La Cámara de Diputados de Santa Cruz ya tiene sobre la mesa un proyecto que promete sacudir el mapa productivo provincial. Se trata de una iniciativa que apunta a reactivar campos abandonados y poner fin a la dependencia alimentaria que hoy golpea el bolsillo de los santacruceños.

La propuesta, que lleva las firmas de los diputados Segundo Abelardo Santana, Luis Gallardo, Pedro Muñoz y Claudia Barrientos, busca instaurar el Régimen Provincial de Soberanía Productiva, Desarrollo Rural y Acceso a la Tierra. El objetivo central: que ninguna hectárea con potencial quede sin producir.

¿Qué contempla el plan?

Uno de los ejes más fuertes es la creación de un Programa Provincial de Relevamiento Productivo de Tierras Rurales. Este relevamiento permitirá saber con precisión cuántas tierras están en producción, cuáles están subutilizadas y cuáles directamente están ociosas.

Con esos datos en mano, el Ejecutivo provincial deberá armar un Registro Provincial de Tierras Rurales Productivas y Ociosas. Así, el Estado tendrá un mapa real de la situación y podrá tomar decisiones con información concreta.

Qué pasa si un campo está improductivo

Si se detecta que un establecimiento rural está sin producir o claramente subutilizado, la autoridad de aplicación podrá intimar al dueño para que presente un Plan de Reactivación Productiva. Ese plan deberá adaptarse a las características de cada región y contará con apoyo estatal: asistencia técnica, capacitación y, si hay presupuesto, líneas de financiamiento y créditos.

El proyecto también fija plazos para que los propietarios demuestren que cumplen con lo comprometido. Pero ojo, no se trata de exigencias uniformes: se contemplarán las particularidades de cada zona productiva.

Banco Provincial de Tierras: ¿quién puede acceder?

Otra pata importante es la creación del Banco Provincial de Tierras Productivas, que administrará tierras fiscales o aquellas que puedan sumarse legalmente a programas de desarrollo rural.

Podrán acceder a estos programas ciudadanos con residencia efectiva en Santa Cruz, familias, productores, cooperativas, asociaciones, PyMEs y emprendedores que presenten proyectos viables. Tendrán prioridad las propuestas que generen empleo, produzcan alimentos para el mercado local, agreguen valor en origen y fomenten el arraigo.

Eso sí, las tierras adjudicadas no podrán usarse para especular ni transferirse sin cumplir las condiciones que ponga el Estado.

Más producción y más trabajo local

El proyecto también apunta a que los emprendimientos prioricen la contratación de trabajadores santacruceños y la compra de bienes y servicios a empresas, cooperativas y PyMEs locales. Además, impulsa la industrialización de materias primas dentro de la provincia, para que el valor agregado se quede en Santa Cruz.

¿Y si no cumplen? Canon y expropiación

Para incentivar la producción, la autoridad de aplicación podrá establecer un canon productivo sobre aquellas tierras que sigan injustificadamente improductivas. Si los planes de reactivación no se cumplen, podrían aplicarse medidas administrativas.

En casos extremos, y siempre que se acrediten las condiciones legales, el Poder Ejecutivo podría promover la declaración de utilidad pública y la expropiación de un inmueble rural. Pero el texto es claro: todas las medidas deben respetar el derecho constitucional de propiedad y el debido proceso.

Los fundamentos: ¿por qué ahora?

Los legisladores sostienen que Santa Cruz tiene un enorme potencial ganadero, agrícola y frutihortícola que hoy no se aprovecha del todo. Además, remarcan que la dependencia de alimentos de otras provincias encarece los precios para los consumidores locales.

“La iniciativa no busca afectar arbitrariamente el derecho de propiedad, sino conciliar ese derecho con el interés general, el desarrollo económico, la generación de empleo y la función productiva de la tierra”, señalan los autores del proyecto.

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