Santa Cruz prorrogó la emergencia comercial: el número que nadie quiere mirar en Río Gallegos

La Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME de Santa Cruz fue sancionada por la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2026, con 20 votos a favor y tres abstenciones. La norma declaró la emergencia en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanza a las empresas con certificado MiPyME y domicilio fiscal en la provincia que cumplan las condiciones previstas.

Uno de los ejes centrales es la suspensión de ejecuciones fiscales durante el período de emergencia. En los procesos que todavía no tengan sentencia pueden continuar determinadas etapas judiciales, pero la normativa prohíbe actos de ejecución y embargos en los términos que fija la ley.

El texto también instruyó a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y a Distrigas S.E. a armar planes de regularización de deudas. Esos esquemas pueden incluir hasta 60 cuotas mensuales, una tasa de financiación de hasta el 25% efectiva anual y quitas de hasta el 100% de multas e intereses resarcitorios o por mora sobre el capital adeudado, según las condiciones que establezca la normativa.

La ley contempla además líneas de crédito a tasas diferenciadas y beneficios tributarios, aunque su aplicación queda sujeta a la aprobación de los organismos o entidades correspondientes. También habilita mecanismos de compensación o renegociación de deudas que el Estado provincial mantenga con las empresas alcanzadas.

Cuántos comercios cerraron en Río Gallegos

El dato más concreto sobre cierres comerciales aparece en la capital provincial. Según el último informe de la FESC, entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales en Río Gallegos, en un contexto de actividad económica en retroceso.

La cifra marca un cambio fuerte en el padrón comercial de la ciudad. Informes que reprodujeron el relevamiento de la FESC indicaron que el universo de comercios habilitados pasó de aproximadamente 3.000 a unos 2.363, una reducción cercana al 21%.

Hay una precisión que el propio sector remarca: una baja de licencia comercial no implica necesariamente que una empresa haya sido disuelta. Puede tratarse del cierre de una actividad habilitada, un cambio de modalidad o una situación administrativa, por lo que no debe confundirse automáticamente con la desaparición jurídica de una firma.

La FESC ya había informado antes que más de 150 comercios habían cerrado en Río Gallegos durante 2025. Ese número corresponde al año pasado y no debe sumarse mecánicamente a las 637 bajas posteriores, porque el registro más reciente abarca el período 2025-agosto de 2026.

Qué ocurre en el resto de Santa Cruz

Para medir la situación provincial, la FESC usa otros indicadores además de las bajas de licencias. Uno de sus informes técnicos, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por la consultora Politikon Chaco, registró la pérdida de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

El dato se refiere a empresas empleadoras, no exclusivamente a comercios. Por eso no es correcto tomarlas como si fueran 227 locales comerciales cerrados.

La FESC también informó que en febrero de 2026 Santa Cruz perdió 46 empresas empleadoras en la comparación mensual, uno de los peores registros del país para ese período. La entidad advirtió además que las estadísticas de empresas empleadoras no alcanzan a una parte importante del universo de trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

En su actualización de agosto, la Federación estimó que la provincia pierde entre 3 y 4 unidades productivas por día, aunque aclaró que se trata de un indicador que combina distintos fenómenos y no equivale a decir que cuatro sociedades comerciales cierran cada día.

El contexto también se ve en el IPAE. En agosto de 2026, la actividad económica provincial cayó 4,6% interanual y acumuló una baja del 7,9% en los primeros ocho meses del año, aunque mostró una mejora intermensual desestacionalizada del 0,4%.

Los cinco sectores del indicador muestran diferencias, pero cuatro terminaron agosto con variaciones interanuales negativas. Alimentos y Bebidas cayó 9,6%; Farmacia y Perfumería, 9%; Servicios, 3,6%; Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles, 0,1%; mientras que Calzado, Indumentaria y Textiles registró una suba interanual del 2,6%.

Por qué los comerciantes dicen que la ley todavía no alcanza

El reclamo del sector no apunta a la existencia de la ley, sino a su aplicación concreta. El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, sostuvo que las herramientas previstas no están teniendo la eficacia esperada y planteó la necesidad de convocar a la comisión de seguimiento.

Esa comisión es una de las piezas centrales de la normativa. Según la ley, debe reunirse al menos una vez por mes durante la vigencia de la emergencia y está integrada por representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, la ASIP, la Secretaría de Comercio e Industria, bloques legislativos y tres representantes de entidades gremiales empresarias.

Desde la Cámara de Comercio de Río Gallegos señalaron que buscarán que ese espacio vuelva a funcionar como ámbito de análisis y evaluación de las medidas. Al mismo tiempo, comerciantes de distintas localidades comenzaron a elaborar un documento con propuestas que será presentado ante autoridades provinciales, municipales y legisladores.

Los números permiten dimensionar el problema, pero también muestran por qué hay que separar cada indicador: las 637 bajas de licencias corresponden a Río Gallegos entre 2025 y agosto de 2026; la pérdida de empresas empleadoras es un indicador provincial distinto; y la estimación de 3 a 4 unidades productivas por día de la FESC combina distintas formas de deterioro de la actividad. No son cifras intercambiables.