Santa Cruz quiere cambiar cómo se investigan los delitos: el proyecto que ya está en danza

El sistema penal de Santa Cruz podría cambiar de raíz. Un proyecto de Código Procesal Penal que propone pasar a un modelo acusatorio, oral y público fue presentado en Río Gallegos, con la firma del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de la Abogacía.

La cita fue el viernes a las 17:30 en la sede de la institución, en Kirchner 1951. El encargado de exponer los detalles fue Joaquín A. Cabral, presidente del Instituto y autor del texto, acompañado por la titular del Colegio, Diana Huerga Cuervo, y por el abogado Javier Stoessel, también integrante del Instituto. La actividad apuntó a matriculados y a la comunidad jurídica, con transmisión por Google Meet para profesionales del interior provincial. Entre los asistentes se vieron José Luis Janesak y el fiscal Lisandro de la Torre.

Quién investiga y quién decide

El corazón de la reforma es el reparto de roles. Hoy el juez de instrucción interviene en la investigación junto al fiscal. Con el esquema propuesto, esa lógica se invierte: el Ministerio Público Fiscal se ocupa de investigar y acusar, la defensa ejerce la contradicción y los jueces quedan abocados al control de garantías y a la resolución final.

"Si hay un sistema acusatorio, es el fiscal o el Ministerio Público Fiscal el que investiga y acusa, la defensa ejerce plenamente la contradicción de esa acusación y el juez es el que controla las garantías y finalmente decide", había explicado Cabral días atrás en diálogo con LU12 AM680. El trabajo, según contó, demandó más de cinco años de elaboración.

"Este es un trabajo, concretamente, el Código Procesal Penal, sistema acusatorio tan reclamado y anhelado para la provincia", había señalado entonces.

Audiencias orales y juicio por jurados

La oralidad gana terreno en la letra del proyecto. Las decisiones se tomarían frente al juez, en audiencias públicas con participación de las partes y registro audiovisual, para descomprimir el peso del expediente escrito.

El texto también incluye el juicio por jurados, aunque su puesta en marcha dependerá de normas complementarias que definan, entre otras cosas, cómo se seleccionarán los ciudadanos que integren los paneles.

"Está previsto el juicio por jurado, está legislado. Después restará que se conformen las leyes que lo ponen en funcionamiento", indicó Cabral.

Prisión preventiva y evidencia digital

Otro eje sensible es la prisión preventiva, planteada como último recurso y atada a riesgos procesales concretos. El proyecto fija límites temporales y revisiones periódicas, y prohíbe que la pobreza, la falta de empleo o la nacionalidad se usen de manera automática como fundamento para encarcelar a alguien antes de una condena.

En paralelo, incorpora herramientas para tratar la evidencia digital y la prueba científica, con controles sobre cómo se obtiene, se conserva, se mantiene íntegra y se rastrea.

Víctimas y fuero juvenil

La iniciativa refuerza los derechos de las víctimas y suma mecanismos para casos de usurpación, con la posibilidad de pedir la restitución provisional de inmuebles bajo ciertas condiciones.

Hay además un capítulo dedicado al Proceso Penal Juvenil, actualizado según el nuevo régimen nacional. Allí aparecen principios como la especialidad, el interés superior, la autonomía progresiva, la defensa especializada, la confidencialidad y las soluciones restaurativas. La privación de la libertad queda como último recurso, y se prevé capacitación específica para jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios.

El proyecto tiene 402 artículos y viene con documentación técnica sobre implementación, organización territorial, recursos humanos, infraestructura e impacto institucional y presupuestario.

Según se indicó, en los próximos días la iniciativa sería girada a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde comenzará su análisis legislativo.