Santa Cruz quiere guardar el ADN de imputados y policías: hasta cuándo y quién lo vería
¿Quiénes quedarían alcanzados por la base de ADN que se debate en Santa Cruz y durante cuánto tiempo se guardarían sus datos? El proyecto ya tiene número y define cada detalle.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz sumó a su agenda un proyecto que cambiaría de raíz cómo se usa el ADN en las investigaciones penales de la provincia. La iniciativa prevé crear una base provincial de perfiles genéticos para cruzarlos con rastros levantados en una causa o para identificar a personas desaparecidas y restos humanos. El texto ya tiene número —850/26— y tomó estado parlamentario el 12 de noviembre, pero todavía no es ley.
La presentó el diputado Santiago Aberastain Zubimendi, del bloque Por Santa Cruz. Su objetivo es derogar la Ley Provincial 3166, que en 2010 creó el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas, y poner en su lugar un marco nuevo.
Quiénes quedarían dentro de la base
El punto que más llama la atención es el alcance. La base no se limitaría a personas condenadas: el artículo 7 también contempla a imputados y procesados, al personal de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, y a quienes trabajan en seguridad privada.
El proyecto aclara que figurar en el registro por una imputación no equivale a una condena. Es un detalle que el texto busca dejar explícito.
Qué pasa con el ADN de las víctimas y de los familiares
La iniciativa también prevé sumar perfiles obtenidos de rastros que todavía no se hayan asociado a ninguna persona. En el caso de las víctimas, contempla los datos recogidos en la escena del hecho durante una investigación, siempre que la persona no se haya opuesto expresamente a que se incorporen.
Para los familiares de personas desaparecidas o extraviadas el criterio es distinto: la entrega de la muestra sería voluntaria y apuntaría a colaborar con la identificación. También podrían incorporarse perfiles de quienes decidan hacerlo por voluntad propia.
Cuánto tiempo se guardan los datos y quién puede consultarlos
El texto separa dos cosas que suelen confundirse: la muestra física y el perfil digital. Una vez que el perfil entra al registro, la autoridad de aplicación debería ordenar la destrucción del material extraído. El dato digital, en cambio, se eliminaría 75 años después de su incorporación o por orden judicial.
La información sería reservada, con acceso restringido a las autoridades competentes. Los perfiles se guardarían separados de los datos de identidad y se vincularían mediante un código, y solo cuando hubiera una coincidencia validada técnicamente.
Si para confirmar un resultado hiciera falta una nueva muestra y la persona se negara a entregarla, el proyecto exige una orden fiscal o judicial para obtenerla.
