Santa Cruz: quieren que los municipios reciban más coparticipación y las comisiones de fomento no queden afuera

Un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario en Santa Cruz propone un nuevo Régimen de Coparticipación Provincial para municipios y comisiones de fomento, con vigencia a partir del 1° de enero de 2027. La iniciativa busca cambiar la distribución de los recursos, fijar reglas automáticas de asistencia financiera y ordenar las obligaciones con los organismos de la seguridad social.

El texto lleva la firma de los diputados Agostina Mora, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy, y plantea que el 19% de la masa bruta coparticipable se destine al conjunto de los gobiernos locales, cuando en la actualidad ese porcentaje es del 11%. El 81% restante quedaría para el Gobierno provincial.

La nueva masa coparticipable incluiría recursos de origen nacional, como la Coparticipación Federal de Impuestos, y de origen provincial: Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas, regalías de gas y petróleo y regalías mineras. Estas dos últimas fuentes, junto con Juegos de Azar y Rifas, hoy no se coparticipan.

Cómo se repartirían los fondos

El proyecto fija tres criterios para distribuir el dinero entre municipios y comisiones de fomento. El 83,15% se asignará en proporción directa a la población; el 11% se dividirá en partes iguales entre las municipalidades —con excepción de las tres más pobladas— y las comisiones de fomento; y el 5,85% restante se otorgará según la diferencia poblacional de cada localidad respecto de Río Gallegos.

La distribución deberá hacerse con una frecuencia no mayor a 15 días y los coeficientes municipales se actualizarán con los datos del último censo nacional o provincial disponible.

Una garantía para pagar los salarios

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de una garantía automática para cubrir la diferencia entre la coparticipación que recibe cada jurisdicción y su gasto en personal homologable. El mecanismo busca reemplazar las asistencias financieras extraordinarias que hoy dependen de decisiones del Poder Ejecutivo por un procedimiento regulado por ley.

Para acceder, los municipios y las comisiones de fomento deberán adherir al régimen, presentar declaraciones juradas mensuales y cumplir con las condiciones establecidas. La garantía será transitoria y abarcará los 18 meses que van de enero de 2027 a junio de 2028, con un límite global equivalente al 7,8% de los recursos correspondientes a la participación del Gobierno provincial en cada semestre.

En los fundamentos, los autores señalaron que durante 2025 el déficit consolidado de los 20 municipios y comisiones de fomento llegó a $21.193 millones, una situación que, según plantearon, refleja las dificultades de los gobiernos locales para afrontar sus gastos corrientes.

Deudas con la CPS, la CSS y el ISPRO

La propuesta también contempla un esquema para normalizar las obligaciones de los municipios y las comisiones de fomento con la Caja de Previsión Social (CPS), la Caja de Servicios Sociales (CSS) y el Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz (ISPRO).

En ese marco, establece la extinción de las deudas por contribuciones patronales y seguros a cargo del empleador devengadas antes del inicio del nuevo régimen. Los aportes personales no prescriptos quedarán comprendidos en una moratoria, con un plazo de gracia de 12 meses y condiciones de financiación que deberá definir el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Para las obligaciones futuras, se prevé que los aportes personales, las contribuciones patronales y los seguros se retengan directamente de los recursos coparticipables, con efecto cancelatorio sobre los períodos efectivamente retenidos.

Además, se propone crear el Sistema Integrado de Retenciones y Bases Remunerativas (SIRBRE), que funcionará en la órbita de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP). También se dispone la creación de un portal de consulta para que los trabajadores puedan verificar si sus empleadores declararon y pagaron los aportes y las contribuciones correspondientes.

Un consejo para administrar el régimen

El proyecto propone crear el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, integrado por un representante del Poder Ejecutivo provincial, representantes de los municipios adheridos y uno de las comisiones de fomento.

El organismo tendrá a su cargo la fiscalización de las declaraciones juradas, la actualización de los coeficientes de distribución, la determinación de las garantías y las retenciones, además de emitir dictámenes sobre operaciones de endeudamiento y administrar un Portal Único de Datos Fiscales de acceso público y gratuito.

Los municipios y las comisiones de fomento deberán adherir mediante ordenanza o resolución dentro de los 60 días de promulgada la ley y, en todos los casos, antes del 30 de noviembre de 2026. Las jurisdicciones que no adhieran no podrán acceder a la garantía ni a los mecanismos de regularización previstos.

Por último, la iniciativa encomienda al Consejo elaborar, antes del 31 de diciembre de 2027, un anteproyecto de un nuevo régimen de coparticipación que contemple las competencias, los servicios y las funciones efectivamente prestados por cada nivel de gobierno, junto con sus costos e indicadores de cobertura.

El proyecto tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria y ya está en condiciones de ser tratado en comisiones antes de la sesión del 22 de octubre.