Santa Cruz: quieren que uno de cada cinco pesos de la minería termine en los comedores

Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Santa Cruz propone declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional hasta fines de 2027 y financiarla con el 20% de las regalías mineras que percibe la provincia. La iniciativa, presentada por la diputada Agostina Mora Doldán (Unión por la Patria), busca reforzar comedores y merenderos, actualizar prestaciones sociales y mejorar la calidad nutricional de los módulos alimentarios.

El proyecto 293/26 ingresó formalmente el 27 de mayo de 2026. Hasta el momento, no hay sanción definitiva en la Legislatura: se trata de una iniciativa en trámite, no de una ley vigente.

¿De dónde saldría el dinero?

El artículo 4 establece una afectación específica: el 20% de los recursos que Santa Cruz perciba por regalías mineras, conforme la normativa vigente, debería destinarse prioritariamente a programas alimentarios, asistencia nutricional, módulos de alimentos y sostenimiento de comedores y merenderos comunitarios.

No se trata de un nuevo impuesto a las mineras. La propuesta no impone una regalía del 20% a las compañías: lo que plantea es que, de cada $100 que la Provincia reciba por regalías, $20 tengan un destino específico en políticas alimentarias.

Tampoco debe confundirse con el proyecto que buscaba elevar al 5% las regalías para determinados nuevos proyectos mineros. Esa iniciativa fue vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 0450/26, según consta en la documentación oficial. El proyecto de emergencia alimentaria fue presentado después de ese veto y toma como base las regalías que Santa Cruz efectivamente perciba "conforme la normativa vigente".

¿Quiénes quedarían alcanzados?

La población prioritaria es amplia: niños, niñas, adolescentes y jóvenes; mujeres embarazadas y personas en período de lactancia; adultos mayores; personas con discapacidad; hogares en situación de pobreza o indigencia; familias con integrantes desocupados; poblaciones rurales o aisladas; y quienes ya reciben programas de asistencia provincial.

También se fija un criterio económico concreto: hogares cuyos ingresos totales estén por debajo de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Desde septiembre de 2026, el SMVM está fijado oficialmente en $383.800, por lo que dos salarios equivalen a $767.600 mensuales. Ese valor no quedaría congelado: se actualizaría cuando cambie el SMVM nacional.

¿Qué ayudas se actualizarían?

El artículo 6 propone reforzar y actualizar trimestralmente la Tarjeta Social Santacruceña, tomando como referencia la inflación y la evolución de la Canasta Básica Alimentaria del INDEC. El mismo mecanismo trimestral se aplicaría a los programas "Comedores y Copa de Leche" y "Refuerzo Alimentario Escolar", para evitar que los montos queden retrasados frente a la suba de precios.

Además, la iniciativa busca fortalecer el Programa Alimentario Santacruceño y establecer criterios nutricionales mínimos para los módulos entregados a las familias. El texto menciona expresamente la incorporación de lácteos, cereales, proteínas, frutas, verduras y legumbres, y dispone módulos especiales quincenales para personas con celiaquía, diabetes u otras situaciones médicas que requieran una alimentación específica.

En los fundamentos, Mora Doldán sostiene que información solicitada al Estado provincial mostró que los módulos actuales tienen fuerte presencia de productos secos y carbohidratos, y plantea avanzar hacia una asistencia con mayor variedad y calidad nutricional. Se trata de los argumentos de la autora del proyecto, no de una evaluación independiente de Nuevo Día.

¿Cómo se controlaría?

El proyecto prevé crear una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Emergencia Alimentaria y Nutricional, que debería constituirse dentro de los 30 días posteriores a una eventual promulgación. Estaría integrada por un representante de cada bloque de la Cámara de Diputados, más representantes de los ministerios de Desarrollo Social y Salud y del Consejo Provincial de Educación. Tendría que presentar informes semestrales a la Legislatura.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración sería la autoridad de aplicación y coordinaría el trabajo con Salud, Educación, municipios y comisiones de fomento. También se propone seguimiento nutricional, con controles de crecimiento, detección de anemia y sistematización de información sobre la situación alimentaria de la población alcanzada.

Si fuera sancionada y promulgada, el Poder Ejecutivo tendría 90 días corridos para reglamentar la ley. Por ahora, nada de esto está vigente.

El proyecto abre una discusión de fondo: qué parte de los ingresos mineros debe tener un destino social específico y cuánto margen debería conservar el Ejecutivo para otras áreas. La propuesta de Mora Doldán plantea reservar uno de cada cinco pesos de las regalías mineras para sostener políticas alimentarias durante la emergencia. Su aprobación dependerá del recorrido legislativo y de los consensos que consiga en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.