Santa Cruz se plantó en la votación de la centolla y San Julián redobló la apuesta

El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó por mayoría el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la centolla y lo extendió por quince temporadas, desde 2026/2027 hasta 2040/2041. La decisión quedó plasmada en la Resolución CFP N° 16/2026, votada el 5 de noviembre, y despertó un rechazo inmediato en Puerto San Julián.

Durante la votación, la representación de Santa Cruz se abstuvo y la de Buenos Aires votó en contra. El malestar no tardó en llegar a la costa: el intendente, concejales y autoridades locales salieron a cuestionar que los recursos de la provincia se definan sin participación de los santacruceños.

El pronunciamiento desde Puerto San Julián

El intendente Daniel José Gardonio, el diputado por el pueblo Mario Piero Boffi y las autoridades del Concejo Deliberante firmaron un documento público de rechazo a la cuotificación aprobada por el CFP.

“Los recursos de Santa Cruz no se negocian a espaldas de los santacruceños”, sostuvieron en el texto, donde apuntaron directamente contra la asignación de cuotas de centolla por 15 años y reafirmaron que la provincia tiene derecho a decidir sobre sus propios recursos.

El pronunciamiento lleva además las firmas de la presidenta del Concejo Deliberante, Laura María Luz Fracasso; la vicepresidenta primera, Natalia Pedernera Pickering; el vicepresidente segundo, Héctor Francisco Oyarzún; y el concejal Joaquín Serra Vidaurre.

Qué cuestionó Santa Cruz en el tratamiento

La representación santacruceña dejó asentadas objeciones técnicas, jurídicas e institucionales durante el debate de la resolución. Entre ellas, el impacto del régimen sobre las facultades provinciales de administración pesquera y la situación de las 345 toneladas que, según sostuvo, gestiona actualmente la provincia.

También planteó que los juveniles de centolla crecen principalmente en aguas costeras provinciales y objetó que el esquema no distinga adecuadamente las jurisdicciones.

En el anexo técnico de la Autoridad de Aplicación aparece una reserva distribuida por jurisdicción, con 34,5 toneladas para Santa Cruz, aunque esa distribución no quedó incorporada en el articulado de la resolución.

Buenos Aires, por su parte, cuestionó la competencia del Consejo Federal Pesquero para establecer cuotas en aguas de dominio público provincial. Su representante también objetó el procedimiento: señaló que la iniciativa no había tenido una instancia previa de discusión.

La representante de Santa Cruz, Carla Seain, apuntó contra la forma en que se incorporó el proyecto al tratamiento del Consejo. Según expresó, la propuesta no había sido presentada ni debatida previamente en la mesa de trabajo.

Cómo se reparten las cuotas y qué cambia

El régimen distribuye cuotas entre los buques que acreditaron una historia de captura superior al 2% del total de la especie entre las temporadas 2018/2019 y 2025/2026. Los criterios de asignación se ponderan así: historia de captura, 80%; mano de obra, 10%; producción, 5%; e inversiones, 5%. También se prevé una detracción por sanciones firmes y reservas de administración y reasignación.

La resolución fija un límite de concentración del 45% de la captura máxima permisible por empresa o grupo empresario en cada zona. Sin embargo, las objeciones técnicas advierten diferencias entre el criterio aplicado en el articulado y la verificación del anexo técnico, que analiza la concentración sobre el conjunto de la especie.

Además, se establece un derecho de transferencia de $496.500 por tonelada para determinadas asignaciones provenientes de la reserva o del fondo de reasignación, y el 30 de diciembre de 2026 como fecha límite para inscribir las cuotas, bajo apercibimiento de que pasen al fondo correspondiente.

En el análisis previo, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a través del Informe Técnico Oficial N° 22/2026, no identificó incompatibilidades biológicas para la implementación, según el resumen incorporado al acta del Consejo.