Santa Cruz suma un acompañamiento que arranca antes de la adopción y sigue después de la sentencia

El Gobierno de Santa Cruz firmó un convenio para poner en marcha un programa de acompañamiento psicosocial dirigido a quienes transitan procesos de adopción. El acuerdo se selló este lunes en el Registro Civil de Río Gallegos y apunta a sostener a las familias desde la espera inicial hasta los primeros meses después de la sentencia.

La iniciativa contempla talleres grupales, espacios de asesoramiento y encuentros coordinados por equipos de Salud Mental. El objetivo es abordar los desafíos emocionales que aparecen a lo largo del camino adoptivo, una dimensión que suele quedar fuera de los trámites legales y administrativos.

Quiénes firmaron el acuerdo

El convenio fue suscripto por el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Salud Mental e Integral, y el Ministerio de Gobierno, mediante el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA).

De la firma participaron la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde; y el subsecretario de Salud Mental e Integral, Mariano Rodas.

Con el convenio en marcha, los equipos de Salud Mental coordinarán espacios grupales para las personas inscriptas en el RUAGFA y para las familias que atraviesan la vinculación con un niño, niña o adolescente, la guarda con fines adoptivos y los primeros seis meses posteriores a la sentencia.

Antes, durante y después

Ross remarcó que el acuerdo permitirá acompañar las distintas etapas del proceso adoptivo. "Ahora, con este acuerdo, podemos solidificar estos procesos de adopción y acompañar desde el antes, el mientras y el post adopción", afirmó la funcionaria, en declaraciones difundidas por la Subsecretaría de Producción y Contenidos.

Rodas, por su parte, explicó que la propuesta busca fortalecer los procesos a partir del trabajo articulado entre organismos estatales y de incorporar la salud mental como parte del acompañamiento. Según sostuvo, en la adopción se cruzan dos derechos fundamentales: el acceso a la salud y el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia.

El funcionario advirtió que sumar un chico a un nuevo hogar no se agota en lo legal y lo administrativo. También involucra procesos emocionales y psicológicos que necesitan atención.

"Uno va a atravesar procesos de inseguridad, de ansiedad, de idealización, que pueden llegar a frustrar muchas veces estos procesos", explicó Rodas.

Expectativas, ansiedad y convivencia

Uno de los ejes del programa será acompañar las expectativas que se generan durante la espera y ayudar a las familias a afrontar lo que aparece cuando empieza la convivencia.

Rodas describió que en el período previo a la vinculación las personas pueden sentir ansiedad e incertidumbre, además de construir una imagen idealizada del niño o niña que esperan recibir. Después, durante la guarda con fines adoptivos, pueden surgir dificultades cuando esas expectativas iniciales chocan con la realidad y con la historia personal del chico o adolescente.

Frente a ese escenario, los encuentros grupales buscarán dar herramientas para gestionar las emociones y abordar las inquietudes que surjan en el proceso.

"La idea es que estos grupos puedan ir deconstruyendo esos ideales y esas ideas que muchas veces son rumiantes y catastróficas, trabajando en la gestión de las ansiedades y de las emociones", expresó.

El subsecretario aclaró que el programa no reemplaza la terapia individual: la complementa con talleres, espacios de asesoramiento y acompañamiento grupal.

Más participación y una ley en camino

La iniciativa también apunta a fortalecer la participación de las personas inscriptas en el registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos y a darles herramientas para transitar cada etapa.

Rodas convocó a quienes todavía no se inscribieron a considerar esa posibilidad y alentó a quienes ya forman parte del registro a sostener su participación durante la espera.

Por último, remarcó que el convenio se enmarca en una perspectiva que busca incorporar la salud mental de manera transversal a las políticas públicas y al trabajo de distintas áreas del Estado. En ese sentido, adelantó que se trabaja en una ley provincial de salud mental que contempla la corresponsabilidad estatal como uno de sus ejes centrales.