Santa Cruz tiene 16 psiquiatras para toda la provincia: el proyecto que busca cambiar la atención
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Santa Cruz tiene 16 psiquiatras para toda la provincia: el proyecto que busca cambiar la atención

Santa Cruz tiene unos 110 psicólogos y 16 psiquiatras para toda la provincia, y un proyecto en Diputados busca declarar la emergencia por dos años. Qué propone para las guardias y de dónde saldría el dinero.

La Legislatura de Santa Cruz tiene en sus manos un proyecto que busca declarar la emergencia provincial en salud mental por 24 meses. La iniciativa 788/26 ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de noviembre y lleva las firmas de Elba Lorena Ponce, María Rocío García, Daniel Peralta y Javier Jara.

El texto no se limita a declarar la emergencia: propone un diagnóstico por localidad para saber cuántos cargos existen, cuáles están vacantes y qué especialidades faltan. Con ese mapa, se priorizarían las incorporaciones en los servicios que hoy tienen problemas para sostener guardias, atender crisis o dar continuidad a los tratamientos.

Incentivos para que los profesionales se queden

Para que los especialistas lleguen y permanezcan en las localidades con dificultades, el proyecto contempla incentivos económicos, ayuda para el traslado y apoyo habitacional. La propuesta también prevé equipos itinerantes, atención a distancia y una mejor coordinación de las derivaciones entre efectores.

En materia de financiamiento, la iniciativa destina a un fondo específico el 1% de los recursos de libre disponibilidad que recibe el Tesoro provincial por coparticipación federal, una vez aplicadas las distribuciones y deducciones legales. La base de cálculo deja afuera la parte de municipios y comisiones de fomento, y los fondos que ya tienen un destino fijado por ley. El expediente no fija un monto en pesos para ese aporte.

El mapa de la salud mental en Santa Cruz

Los números del sistema público provincial permiten dimensionar el desafío. En mayo, el subsecretario de Salud Mental Integral, Mariano Rodas, informó que la provincia contaba con unos 110 psicólogos y 16 psiquiatras, distribuidos en los 14 hospitales provinciales que tienen servicios de salud mental.

Al presentar su plan estratégico, el Ministerio de Salud y Ambiente identificó como una dificultad particular sostener los tratamientos ambulatorios que requieren seguimiento en el tiempo. La demanda también es elocuente: en enero de 2026, el área provincial de Salud Mental informó que durante el año anterior los hospitales registraron entre 7.000 y 8.000 consultas externas vinculadas a cuadros depresivos, la segunda causa de atención después de los trastornos de ansiedad. La cifra corresponde a consultas y puede incluir varias visitas de una misma persona.

El proyecto incluye además acciones específicas para niñas, niños y adolescentes, con participación de las escuelas, los equipos de salud y los organismos de protección de derechos.

El 10% que ya fija la ley y el 1% que propone el proyecto

La Ley 3343, sancionada en 2014, estableció como piso para salud mental el 10% del presupuesto total destinado a salud. Si la nueva iniciativa se aprueba, el Ministerio tendría 60 días desde la entrada en vigencia para informar a Diputados cuánto se asignó y cuánto se ejecutó en el ejercicio en curso y en el anterior. Si el relevamiento detecta una diferencia respecto de ese mínimo, el Ejecutivo deberá indicar cómo y en qué plazos prevé corregirla.

El 10% se calcula sobre el presupuesto de salud; el 1% que propone el proyecto se calcula sobre la coparticipación federal de libre disponibilidad del Tesoro provincial y financiaría un fondo adicional. Son dos bases de cálculo distintas que el texto diferencia expresamente.

Qué pasaría con el centro de Caleta Olivia

Entre los programas que la iniciativa ordena revisar aparece el Centro Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos y de Salud Mental, creado por la Ley 3985 con sede en Caleta Olivia. En agosto, Diputados pidió reglamentar esa ley mediante una resolución que se publicó en el Boletín Oficial el 15 de octubre. La emergencia prevé identificar qué medidas hacen falta para poner en marcha o fortalecer los dispositivos ya previstos por ley.

El debate tiene otro antecedente: el Ministerio de Salud y Ambiente informó que el 3 de noviembre terminó de redactar su propio anteproyecto de ley de salud mental, centrado en la atención comunitaria y la organización por regiones sanitarias. El expediente que tomó estado parlamentario el 12 de noviembre es el de la emergencia por dos años, con fondo específico y la obligación de informar cada tres meses a Diputados sobre recursos, vacantes y acciones realizadas en cada localidad.

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