Santa Cruz ya aplica la ley penal juvenil y Georgion lanzó una advertencia sobre lo que falta
Santa Cruz ya tiene que aplicar la ley penal juvenil y el ministro que la cuestionó abiertamente ahora apunta a la Justicia: qué dijo sobre el rol que se negaba a asumir y qué pasa con los adolescentes de 14 años.
El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, se metió de lleno en el debate por la nueva ley penal juvenil y dejó en claro que su aplicación en la provincia no será sencilla. Para el funcionario, la norma aprobada a nivel nacional carece de un respaldo suficiente y ahora el desafío pasa por aceitar la coordinación entre todos los estamentos del Estado.
Georgion no esquivó la pregunta sobre su posición personal. Fue tajante: "Es una ley a la cual le faltó debate y que, lamentablemente, fue aprobada. Si me preguntan si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo; pero, así como fue aprobada, tiene que llegar y debe ser implementada en cada provincia".
Más allá de su opinión, el ministro separó ese juicio de la responsabilidad que le toca como funcionario. La ley ya está vigente y Santa Cruz debe ponerla en marcha, con o sin consenso.
La articulación como eje central
Para Georgion, el punto crítico no está en la letra de la ley sino en cómo se ejecuta. Sostuvo que la aplicación exige un trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y puso como ejemplo lo que ocurrió durante el Consejo Provincial de Niñez en Gobernador Gregores, donde referentes de la Justicia se sentaron a debatir junto a las áreas sociales.
El ministro valoró ese cambio de actitud y apuntó a una transformación de fondo en el funcionamiento judicial. "En algún momento la Justicia se sentaba solamente a juzgar y no a entender que forma parte de uno de los poderes del Estado, y que esto lo tenemos que construir y anticipar", afirmó.
Esa frase resume el nuevo paradigma que el funcionario busca instalar: un abordaje integral de las problemáticas infanto-juveniles, donde la contención y la prevención tengan tanto peso como la sanción.
Qué cambia con el nuevo régimen penal juvenil
La Ley N.º 27.801 creó un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos. Su entrada en vigencia significó el adiós a la Ley N.º 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar y que rigió durante más de cuatro décadas bajo un modelo tutelar que quedó desfasado respecto de los estándares constitucionales e internacionales.
El nuevo régimen apunta a dar una respuesta especializada frente al delito, sin perder de vista las garantías del debido proceso y los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La norma combina la responsabilización del adolescente con la educación, la resocialización y la integración social, y suma la protección efectiva de las víctimas.
Las claves de la ley
Entre los puntos salientes del régimen se destacan:
Responsabilidad penal desde los 14 años, con un sistema especializado y diferenciado del que se aplica a los adultos.
Operadores especializados: jueces, fiscales, defensores y equipos capacitados específicamente en materia penal juvenil.
Medidas alternativas a la privación de la libertad, como la reparación del daño, la prestación de servicios a la comunidad, las reglas de conducta y el monitoreo electrónico.
Con la ley ya en marcha, la discusión en Santa Cruz se corre hacia la implementación. Georgion insiste en que el Estado debe prevenir, acompañar y articular, y que ese trabajo no puede quedar librado a la buena voluntad de cada área.
