Santa Fe al borde de una ley histórica: ¿Qué pasará con los “trapitos” en las calles?

La Cámara de Senadores de Santa Fe debate este jueves un proyecto que busca erradicar una de las actividades informales más visibles y controvertidas de las ciudades. La iniciativa del senador Ciro Seisas propone la prohibición total del cuidado y limpieza callejera de vehículos en toda la provincia, estableciendo sanciones y, al mismo tiempo, una salida laboral para quienes la ejercen.

El texto del proyecto es claro y contundente: establece la “prohibición en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe de todas aquellas conductas o actividades que, sin autorización de la autoridad competente, persigan u ofrezcan a cambio de la percepción de beneficios o retribuciones económicas consensuadas o no, la intermediación en la reserva, administración o cuidado de espacios físicos ya sea para facilitar o permitir la guarda o el estacionamiento de vehículos en los distintos sectores de la vía pública, como así también las relacionadas con el cuidado, lavado o limpieza de los mismos”.

Esta no es la primera vez que la propuesta llega al recinto. Ya en mayo de 2025 tuvo un primer intento de debate que no prosperó. El senador javkinista, de origen rosarino, insiste en la necesidad de una herramienta legal para abordar un problema que, según él, se ha naturalizado. “Hace un año trabajamos para proponer una herramienta que no tenemos, hoy si la conducta no es una falta no se puede actuar mucho, queda en un gris”, explicó Seisas en diálogo con *Radiópolis* (Radio 2).

Un problema social que pide soluciones concretas

El legislador reconoce que el fenómeno de los “cuidacoches” o “trapitos” es síntoma de una crisis más profunda. “Apuntamos a esto porque lo detectamos en todos los rincones de la ciudad, en algunos con más intensidad. El problema más serio y de fondo es la situación social que se va deteriorando pero no tiene que ser una excusa para no debatir el tema”, advirtió. Para Seisas, existe una percepción generalizada de que “no se puede hacer nada” frente a los abusos, extorsiones y conductas violentas que, en muchos casos, acompañan esta actividad informal.

Sin embargo, cuestiona la romantización de esta realidad. “¿Te parece natural que una persona tenga que tener la ley de la selva en la mano para sobrevivir?”, preguntó retóricamente. Y agregó: “Acá no se trata de esconder bajo la alfombra, pero esta ley se construye con los llamados al 147, con los arrestos –205 arrestos el año pasado– que van en aumento”.

Ni cuidacoches ni burradas jurídicas 

Hace años que venimos escuchando hablar de un problema sin soluciones concretas: los cuidacoches. Grupos organizados que, a través de la extorsión, atentan contra los ciudadanos en el uso del espacio público que venimos recuperando en la…
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February 9, 2026

Prohibición con puerta de salida: incentivos y capacitación

El proyecto no se limita a la sanción. Plantea un abordaje integral que involucra a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, y Justicia y Seguridad, en coordinación con los municipios. La clave está en la derivación. Las personas sin antecedentes penales y que no formen parte de organizaciones delictivas tendrán acceso a capacitación en oficios y un sistema de intermediación laboral.

Para fomentar su contratación, la norma propone un régimen de incentivo para las empresas: un aporte estatal que cubriría el 60% del salario del trabajador durante un año. Además, se crearía un portal de intermediación laboral donde se cargarían los datos, habilidades y aptitudes de quienes quieran integrarse al mercado formal, vinculando la oferta de capacitación pública con la demanda del sector privado.

“Hoy el ministerio de Desarrollo rescata personas y trata de contenerlos. No es un invento, es la única vía posible pero es a largo plazo, hay que ser consistentes”, sostuvo el senador, defendiendo el enfoque social de la ley.

Multas, trabajo comunitario y hasta arresto

En el plano punitivo, al incorporar la prohibición al Código de Faltas provincial, la actividad dejará de estar en un vacío legal. Esto permitirá a los agentes de control municipales, con mayor respaldo de la policía, intervenir para exigir el cese de la práctica. Las sanciones previstas incluyen una escala de multas por unidades fijas, trabajo comunitario y, en casos de reincidencia, arrestos de hasta cinco días.

Seisas hizo un llamado a sus pares para aprobar la iniciativa, argumentando que es una respuesta que los intendentes de toda la provincia están necesitando. “No votar la ley es decidir que el problema no es grave y acá habrá caminos para que se dediquen a otra cosa. Hay en esa idea una romantización de la situación de calle, es antinatural e inhumano”, sentenció.