Santa Fe al borde del colapso: La crisis en discapacidad que el gobierno nacional no quiere ver
Cinco meses de deuda, instituciones cerrando en Rosario y trabajadores sin cobrar. La crisis en discapacidad en Santa Fe alcanzó un punto de no retorno, pero hay un detalle que está empeorando todo.
Un escenario terminal se vive en Santa Fe mientras las instituciones que atienden a personas con discapacidad acumulan cinco meses sin cobrar. El ahogo financiero ya provocó cierres en Rosario y amenaza con una ola de clausuras en abril, dejando a cientos sin tratamiento y a trabajadores sin sueldo.
La presidenta de la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, fue contundente al describir la situación. Denunció que las deudas oficiales por parte del gobierno nacional han generado un escenario crítico, particularmente en Rosario, donde la cadena de pagos está interrumpida. “La Justicia ha indicado que se tiene que implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, la ley no se implementa”, señaló.
El problema tiene dos frentes principales. Por un lado, los prestadores padecen un retraso del 50 por ciento en los aranceles. Por otro, el Pami no abonó las prestaciones correspondientes a febrero, generando un bache financiero insostenible. Los pagos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, suspendidos desde finales del año pasado, recién comenzaron a liberarse en los últimos días, pero los fondos son insuficientes.
#CadaDía | SIGUE LA GRAVE CRISIS EN DISCAPACIDAD
Prestadores e instituciones que trabajan en el área de discapacidad advierten que la situación es cada vez más crítica.
Denuncian que ya acumulan cinco meses de deuda, lo que complica el funcionamiento de los servicios y pone…
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March 25, 2026
¿Qué está pasando en Rosario y la región?
El impacto concreto de esta crisis ya se materializó en cierres. Chapero detalló que en la ciudad de Rosario, a fin del año pasado, cerraron tres instituciones específicamente. Esta misma situación se replicó en otras localidades de la provincia durante diciembre. La advertencia es clara: si no se aplica la normativa de emergencia, durante abril otros centros deberán cerrar sus puertas definitivamente.
Este retroceso es histórico. La referente advirtió que sin estos espacios, se vuelve a épocas donde las personas con discapacidad quedaban recluidas en sus hogares, perdiendo acceso a la educación y a las terapias de rehabilitación esenciales. A esta angustia se suma la de los trabajadores de los hogares de residencia, que no perciben sus haberes desde enero.
Una medida de fuerza que nadie quería tomar
Frente a lo que califican como un escenario terminal, los prestadores tomaron una decisión excepcional: paros a nivel federal. Instituciones de todo el país paralizaron sus servicios por 24 horas durante una semana y extendieron la protesta a 48 horas la semana siguiente. “Es una medida que no tiene precedentes, porque no tiene precedentes la situación crítica y agónica que estamos transitando”, lamentó Chapero.
La dirigente apuntó directamente contra las políticas de ajuste del gobierno nacional. “La responsabilidad está en otro lado y es en el gobierno nacional que no toma las resoluciones y que el costo del déficit fiscal, bueno, lo pagan las personas con discapacidad, los jubilados, las universidades”, sentenció. Esta denuncia se produce en un contexto donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció modificaciones a las leyes de Discapacidad para otorgar asistencia “solo a los que tienen incapacidad para trabajar”.
