Santa Fe aprobó dos leyes clave, pero la que falta pone en juego los recursos de tu municipio

Se cumple un año de la reforma constitucional de Santa Fe y el balance que hace uno de sus protagonistas directos deja un sabor agridulce: dos de las tres leyes clave ya son realidad, pero la tercera sigue pendiente y es la que define cuánta plata recibe cada municipio.

Mariano Cuvertino, Secretario Parlamentario durante el proceso de reforma, repasa los avances y señala que la sanción de una nueva Ley de Coparticipación es la condición para que la autonomía municipal no quede solo en el texto constitucional.

La ley que consagró la autonomía municipal

A siete meses de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se sancionó la Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436. El texto consagró, por fin, la autonomía municipal: los gobiernos locales ahora ejercen sus competencias por sí mismos.

La norma fue el resultado de más de cinco meses de trabajo, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, con la participación de autoridades locales y referentes de toda la provincia. Entre sus puntos salientes, limita los mandatos de las autoridades, elimina las elecciones cada dos años en localidades pequeñas y refuerza los mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

Un código electoral para dejar atrás medio siglo de parches

En materia electoral, Santa Fe ya contaba con la Boleta Única Papel, la paridad de género, las PASO y la ficha limpia. Pero el sistema, según Cuvertino, funcionaba como un rompecabezas armado a fuerza de parches legislativos durante cincuenta años.

El nuevo código buscó ordenar ese caos en un solo texto. También consagró por ley el voto joven, que hasta entonces dependía de una resolución judicial que podía revocarse en cualquier momento. Ahora es un derecho irrenunciable. La reforma sumó además una Justicia Electoral moderna y especializada.

El verdadero desafío: cómo se reparte la plata

El artículo 157 de la Constitución provincial habilitó el debate por la coparticipación y le puso fecha: septiembre de 2027. Los principios ya están escritos: proporcionalidad, eficiencia fiscal, redistribución solidaria y equivalencia de desarrollo.

El problema es que el régimen actual, la ley Nº 7.457, fue sancionado el 11 de julio de 1975. Tiene más de 50 años, es anacrónico, fragmentado e incoherente, y no reconoce la expansión de funciones que hoy cumplen los municipios.

Un ejemplo concreto de esa obsolescencia está en el Gran Rosario: nueve municipios del cordón portuario cobran una tasa a los camiones que entran a las terminales, cada uno por su cuenta. Se estima que en total recaudan más de 25 millones de dólares al año, lo que para las localidades más chicas representa hasta el 50% del presupuesto municipal. Cada tasa tiene su monto y su forma de cobro, y nadie puede rastrear con precisión a dónde va la plata.

Para Cuvertino, no se trata de un capricho municipal, sino de la ausencia de ámbitos de coordinación entre los distintos niveles del Estado. Y advierte que este caso puede derivar en procesos de judicialización cuando las tasas no cumplen con los requisitos que exigen la doctrina y la jurisprudencia.

Tres criterios para una ley que todavía no existe

El desafío es mayúsculo porque no hay antecedentes en los que basarse. Además, la ley tendrá que funcionar en una provincia con una desigualdad enorme: la brecha de calidad de vida entre localidades de la Zona Núcleo y las del norte provincial llega a 6,6 veces.

Cuvertino propone tres ejes para el futuro régimen. Primero, minimizar la arbitrariedad con reglas claras de distribución que consideren la realidad de cada tipo de municipio. Segundo, unificar los regímenes que hoy conviven en una única masa de recursos con un solo criterio de reparto, flexible y controlado por la ciudadanía. Tercero, priorizar la equidad: que un vecino de Gato Colorado tenga la misma calidad de servicios que uno del centro de Rosario, sin que el municipio que recauda mejor salga perjudicado.

Para que esto funcione, plantea fijar primero cuánto le cuesta a cada gobierno local brindar un nivel de servicios comparable, y distribuir en función de esa necesidad y no del padrón, la costumbre o las afinidades políticas. También reclama un organismo técnico autónomo con representación paritaria de toda la provincia.

El debate, sostiene, merece protagonismo propio y no debería mezclarse con temas de coyuntura. Hay tiempo hasta septiembre de 2027, pero el reloj ya empezó a correr.