Santa Fe aprobó la reforma de seguridad: los allanamientos que ya no necesitarán orden judicial
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Santa Fe aprobó la reforma de seguridad: los allanamientos que ya no necesitarán orden judicial

El Senado aprobó la reforma de seguridad que impulsa Pullaro. Allanamientos sin orden judicial, juicios en ausencia y un régimen más duro en las cárceles: los detalles que generan más interrogantes.

El Senado de Santa Fe le dio luz verde a la reforma de seguridad que impulsaba el Ejecutivo provincial, una norma que amplía las facultades del Estado para investigar y prevenir delitos y que modifica el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia y otras leyes.

La votación en la Cámara alta fue unánime. Pero el camino hasta acá no fue lineal: el radicalismo del gobernador Maximiliano Pullaro, principal impulsor de la iniciativa, tuvo que sentarse a negociar con el socialismo en Diputados para destrabar los consensos y evitar que las diferencias internas de Unidos para Cambiar Santa Fe hicieran naufragar una de las reformas que el Ejecutivo considera clave.

Qué cambia en la investigación penal

Uno de los ejes de la nueva norma es la declaración informativa: el fiscal podrá tomarle testimonio a una persona vinculada a un hecho delictivo aunque todavía no tenga elementos suficientes para imputarla formalmente.

También se habilitan los juicios en ausencia, siempre que se compruebe que el acusado estaba al tanto de las citaciones y que se agotaron las instancias para asegurar su presencia. En los dos casos, la ley fija condiciones y resguardos para que la defensa pueda ejercerse.

El cambio más sensible es la ampliación de los supuestos en los que el fiscal podrá ordenar allanamientos sin autorización judicial. Podrá hacerlo en investigaciones por homicidios, amenazas y extorsiones ligadas al crimen organizado o a conmoción pública, además de otros escenarios contemplados en la norma. También se podrá entrar a un domicilio cuando haya indicios precisos sobre la ubicación de armas u otros materiales controlados, con control judicial posterior dentro de las 24 horas.

Inmuebles, cautelares y contravenciones

La reforma incorpora herramientas para recuperar inmuebles usados en actividades ilícitas: desalojos inmediatos, restitución a los legítimos tenedores y la inactivación de las propiedades mediante demolición, desmontaje o bloqueo de accesos. Incluso se prevé refuncionalizarlas para servicios estatales o actividades comunitarias, con el fin de que no vuelvan a caer en manos de organizaciones criminales.

En el plano procesal aparecen medidas cautelares de menor intensidad para evitar fugas o entorpecimiento de las causas sin necesidad de recurrir siempre a la prisión preventiva: presentaciones periódicas, restricciones territoriales, prohibiciones de acercamiento, controles de contacto y la obligación de informar cambios de domicilio. También se modifican las reglas de exclusión probatoria y las condiciones para usar anticipos de prueba en los juicios.

Para ciertas contravenciones se crea un procedimiento monitorio que permite dictar sentencia sin debate oral previo. Abarca multas, clausuras, prohibiciones de concurrencia o acercamiento y suspensiones de servicios telefónicos, de internet o de cuentas en redes sociales. El condenado tendrá 60 días para oponerse y pedir un procedimiento contradictorio ante otro magistrado.

Cárceles, inteligencia y recompensas

En el sistema penitenciario se establece un régimen agravado para internos cuyas acciones representen una amenaza grave para la seguridad pública. Podrán aplicarse aislamiento individual, suspensión de visitas y comunicaciones y retiro de elementos de entretenimiento, con posibilidad de revisión judicial.

También se modifica el sistema de inteligencia preventiva: se define cuándo hace falta autorización judicial para acceder a comunicaciones, correspondencia y dispositivos digitales, y se reorganiza el mecanismo de ofrecimiento y pago de recompensas.

El costo político: dos puntos que quedaron afuera

El texto final no es igual al que se presentó primero. Hubo observaciones jurídicas sobre los límites constitucionales y las garantías individuales que obligaron a retocar el proyecto.

El socialismo cuestionó especialmente dos herramientas por considerar que concentraban demasiado poder en la policía: los interrogatorios a cargo de la fuerza de seguridad en los primeros tramos de la investigación y la creación de zonas especiales de intervención para controlar barrios o áreas en emergencia. Ambos puntos fueron retirados del último borrador.

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