Santa Fe da un paso clave contra los “trapitos”: lo que viene ahora y el rol crucial de los municipios

El avance de la ley que prohíbe a los cuidacoches en toda la provincia genera un fuerte respaldo oficial, pero su aplicación concreta dependerá de cada ciudad. Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto que incorpora esta actividad al Código de Convivencia y establece sanciones de hasta 20 días de arresto marca un rumbo claro desde el gobierno provincial, que promete colaboración en seguridad mientras transfiere la decisión final a las comunas.

¿Por qué avanzan con la prohibición?

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Virginia Coudannes, explicó que la medida se enmarca en una política de “control del territorio”. En diálogo con *La primera de la tarde* de Radio 2, la funcionaria argumentó: “Es una situación que molesta al vecino, que incomoda y que muchas veces genera situaciones complejas por amenazas y extorsiones”.

Los números respaldan la preocupación oficial. Según datos aportados por Coudannes, en Rosario se registran un promedio de 16 llamados diarios al 911 vinculados a cuidacoches. En la ciudad de Santa Fe, la cifra oscila entre 4 y 5 reportes por día. La respuesta policial a estos incidentes tarda entre seis y siete minutos.

El poder de decisión queda en manos locales

Un aspecto clave del proyecto es que, pese a establecer un marco normativo provincial, delega la aplicación concreta en los municipios. “Cada ciudad tiene su dinámica, por lo que cada una tomará la modalidad normativa respecto a esto si decide avanzar con la prohibición”, señaló la secretaria.

Sin embargo, la provincia no se desentiende. Coudannes aseguró que se brindará apoyo con recursos de seguridad y trabajo territorial para identificar zonas de mayor vulnerabilidad. Estas incluirían áreas bancarias, corredores comerciales, entornos escolares y espacios de nocturnidad.

Un camino con múltiples etapas por delante

La funcionaria fue clara al marcar que la eventual implementación no será inmediata ni sencilla. “Después de la sanción vienen pasos que tienen que ver con la fiscalización, el relevamiento y la registración”, explicó.

Además, destacó un componente social ineludible: “Los gobiernos locales deberán generar estrategias para estas personas, con apoyo en programas de formación y capacitación”. Este abordaje integral busca no solo prohibir, sino también ofrecer alternativas.

Coudannes recordó que el Ministerio de Seguridad ya realiza controles en la vía pública que incluyen a los cuidacoches, y que los casos de amenazas o extorsión deben ser denunciados a través del 911. “Entendemos que esta decisión puede contribuir a un mayor orden en la vía pública, sobre todo en los sectores más vulnerables”, concluyó.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción, ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.