Un diputado oficialista defendió el paquete de seguridad de Pullaro y reconoció que hay medidas que no son gratas para el vecino. Qué artículo del texto tiene en vilo a la oposición y por qué podría terminar en la Justicia.
La Cámara de Diputados de Santa Fe se convirtió este jueves en el escenario de una pulseada que define el rumbo de la seguridad provincial. El oficialismo de Maximiliano Pullaro intenta avanzar con un paquete de reformas que toca la investigación penal, las facultades de la policía, el sistema carcelario y la persecución de los mercados ilegales, pero la oposición anticipó que dará pelea por el alcance de varias atribuciones.
El eje del debate es el proyecto "Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública", que busca acelerar procedimientos y ampliar los instrumentos de investigación. Sin embargo, sectores judiciales, colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos ya plantearon objeciones por el margen de acción que se les asigna a policías y fiscales.
Corral: "No podemos cantar victoria"
El diputado oficialista José Corral defendió la continuidad de las políticas de seguridad de la gestión de Pullaro, aunque reconoció que quedan problemas pendientes, sobre todo los delitos que golpean la vida cotidiana. "Estamos mucho mejor, pero no podemos cantar victoria: hay que seguir trabajando", dijo a LT10.
Según su lectura, la baja de homicidios no alcanza para cubrir todas las preocupaciones de la población. Puso el foco en los robos de celulares y otros delitos predatorios.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de intervenir con mayor rapidez cuando un teléfono robado puede rastrearse por GPS. Corral explicó que el proyecto prevé mecanismos para que la Fiscalía, a través de la Policía y con aviso al juez, pueda actuar ante una ubicación precisa del dispositivo. También defendió el control del número IMEI, que permite identificar cada equipo y cruzarlo con los registros de celulares denunciados como robados.
"Son medidas antipáticas. No es lindo que lo paren a uno para pedirle los papeles, pero para achicar ese mercado delictivo necesitamos dar estas herramientas", admitió.
Ante las críticas por posibles abusos policiales, el legislador sostuvo que ese riesgo no debe frenar la sanción de normas. "Abuso siempre puede haber, pero eso no tiene que llevarnos a que no tengamos legislación", afirmó. Además, reconoció que el texto puede ajustarse para precisar alcances y resguardar garantías constitucionales. Sobre la meta del oficialismo fue categórico: "El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley".
Del Frade: "Menos derechos, menos garantías y más inseguridad"
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade rechazó el paquete y apuntó contra las nuevas atribuciones previstas para las fuerzas policiales. Calificó la iniciativa como una "contrarreforma que le da a la policía las mismas facultades que tenía en 1975" y advirtió que implica un retroceso en derechos y garantías.
"Es un riesgo enorme que va a conducir a tener menos derechos, menos garantías y más inseguridad", afirmó a LT10.
Del Frade también cuestionó la posibilidad de retirar los artículos más conflictivos para destrabar un acuerdo: según su interpretación, eso dejaría una norma sin estructura coherente y con una delegación de facultades policiales que considera injustificada. Reconoció la caída de homicidios desde el inicio de la gestión, pero sostuvo que las modificaciones no resolverán los delitos urbanos ni desarticularán el circuito de venta de teléfonos robados.
"Con esto van a volver las cajas negras policiales, sin lugar a dudas, y vamos a tener más control social que seguridad", alertó. Confirmó que votará en contra y criticó que el oficialismo avance sin incorporar las advertencias de distintos sectores judiciales e institucionales.
De Ponti: "No se puede vulnerar las garantías constitucionales"
La diputada peronista Lucila De Ponti también anticipó su rechazo al proyecto principal. Para ella, algunas disposiciones comprometen garantías reconocidas por la Constitución de Santa Fe y podrían chocar con el funcionamiento del sistema penal.
"Es un proyecto plagado de disposiciones que llevan al límite o incluso violan contenido constitucional de la provincia de Santa Fe", sostuvo a LT10.
De Ponti cuestionó que se pretenda mejorar la persecución del delito con medidas que, a su entender, restringen derechos individuales sin asegurar resultados. "Esto no va a servir ni para perseguir, como dijo el gobernador, a los contadores y a los abogados que lavan dinero de las bandas narco", afirmó. Advirtió además que una aprobación del texto actual podría derivar en planteos judiciales e incluso en presentaciones ante tribunales internacionales.
La legisladora marcó diferencias con otras iniciativas de la agenda. Señaló que la oposición trabaja en cambios al proyecto vinculado con el Ministerio Público de la Defensa para resguardar la situación de los trabajadores. Sobre la propuesta referida a los mercados ilegales de dispositivos electrónicos, consideró que el objetivo es atendible, pero que necesita modificaciones por las atribuciones policiales que contempla.
Coudannes pidió acompañar las reformas
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, defendió el paquete de leyes y reclamó a los legisladores que acompañen las iniciativas de Pullaro. "Es algo que necesitan los santafesinos", afirmó, y pidió una mirada que "trascienda a las fuerzas políticas y que escuchen lo que dice la gente".
Coudannes atribuyó parte de los avances en seguridad a las medidas del Ejecutivo y al paquete legislativo aprobado en 2024. Según el balance difundido por el Gobierno provincial, los homicidios se redujeron un 63 % en el período al que hizo referencia.
"Tenemos que consolidar el modelo y profundizar las acciones, porque no creo que ningún vecino quiera volver atrás", expresó. También mencionó los procedimientos contra puntos de venta de drogas y aseguró que ya se superaron los 150 búnkeres derribados o inactivados en la provincia.
"Hay cosas que no pueden esperar: hay lugares que no pueden esperar, y hay vecinos que no pueden esperar", sostuvo. Por eso pidió a los diputados que prioricen "los intereses y la defensa de los santafesinos, lo conquistado y lo ganado".
Qué cambios propone el paquete de seguridad
Entre los puntos más discutidos de la reforma aparecen:
Allanamientos y procedimientos urgentes: se busca ampliar los supuestos en los que puede actuarse sin orden judicial previa, bajo determinadas condiciones.
Declaraciones durante la investigación: se modifican las reglas para tomar declaraciones antes de una imputación formal, uno de los aspectos objetados por sectores judiciales y de la defensa pública.
Juicios en ausencia: se propone que el proceso pueda continuar cuando una persona imputada se fuga o no se presenta pese a haber sido notificada, según las condiciones previstas.
Control de celulares robados: se incorporan herramientas para identificar dispositivos y actuar sobre su comercialización ilegal, entre ellas los controles vinculados con el IMEI.
Régimen penitenciario e inteligencia: se contemplan restricciones para internos de alto perfil que sigan ordenando delitos desde las cárceles y se amplían herramientas de investigación.
Intervenciones policiales especiales: se prevén facultades específicas para actuar en áreas con determinados indicadores de criminalidad, uno de los puntos que genera objeciones por su alcance.
El paquete también incluye cambios en el régimen de recompensas y en las normas sobre organización policial y ejecución de las penas. Otro de los proyectos busca fortalecer la defensa penal pública del personal de las fuerzas de seguridad.
La discusión no pasa solo por la eficacia de las medidas, sino también por los controles judiciales, la intervención en domicilios y las condiciones en las que pueden tomarse declaraciones. El oficialismo anticipó que intentará ajustar algunos aspectos del texto durante el tratamiento legislativo.
Un jueves clave para la reforma
La Cámara de Diputados llega al debate con negociaciones abiertas y posiciones enfrentadas. El oficialismo busca avanzar con las iniciativas, mientras la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre el alcance de las facultades propuestas y reclama cambios para resguardar las garantías constitucionales.
El recorrido legislativo dependerá de la votación y de las modificaciones que eventualmente se incorporen. Si Diputados cambia el proyecto de herramientas para el fortalecimiento de la seguridad, deberá volver al Senado para que la Cámara alta analice los cambios antes de una eventual sanción definitiva.
Así, el debate pondrá en discusión dos objetivos centrales: la búsqueda de respuestas más rápidas frente al delito y la necesidad de establecer límites y controles sobre las facultades del Estado.
