¿Qué dos herramientas clave quedaron afuera del texto final que se vota este jueves en la Legislatura?
El paquete de reformas al sistema de seguridad que el gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura llega este jueves al recinto con un consenso que costó: la alianza oficialista Unidos atravesó dos semanas de fricción interna entre el socialismo y el radicalismo antes de encontrar un texto común.
La sesión que estaba prevista para la semana pasada se postergó justamente por ese tironeo. Según cuentan en el oficialismo, el ida y vuelta mejoró con el correr de las horas, aunque hubo cruces intensos: el miércoles por la tarde y hasta la noche las partes se sentaron a revisar el articulado punto por punto.
“Se dejó lo ideológico y fuimos al texto, y la verdad es que no hay tantas diferencias”, resumió uno de los negociadores, en declaraciones que publicó La Capital.
Pullaro, la Expo Seguridad y el mensaje al radicalismo
El miércoles estuvo cargado de señales políticas. El radicalismo y el propio gobernador Maximiliano Pullaro aprovecharon la Expo Seguridad para mandar un mensaje a favor de aprobar el paquete.
“Tengo mucha expectativa de que saldrán muchas de las leyes que hemos mandado”, dijo el mandatario provincial, en una frase que buscó allanar el camino y, a la vez, meter presión. Y completó: “Por supuesto, algunas pueden ser mejoradas. Pero necesitamos que salgan las leyes porque la seguridad pública las necesita”.
Pasado el mediodía, desde ambos sectores del frente sostenían que estaban en condiciones de afinar la última redacción para mandar el texto a dictamen y luego al recinto. Para llegar a ese punto hubo cesiones concretas: se cayeron dos artículos que generaban resistencia.
La imposibilidad de salir a buscar votos por fuera de la alianza gobernante terminó empujando al diálogo, aunque doliera. “Quiero ser claro: no hay tensión en el frente Unidos, hay miradas que a veces no son iguales y eso tampoco está mal, porque eso nos da fortaleza”, matizó Pullaro.
Más allá del diagnóstico oficial, los ánimos sí se agitaron en las últimas dos semanas. El presidente del Senado, el radical Felipe Michlig, reclamó públicamente por la aprobación de las normas y no tuvo demasiado eco; del otro lado, la diputada socialista Lionella Cattalini salió a pedir calma entre todos.
Qué se quitó y qué se suma al paquete
El socialismo puso el foco en un riesgo central: que la Policía acumule demasiado poder. Los dos puntos que más resistió fueron el interrogatorio en los primeros momentos de la investigación y las zonas de intervención especiales para controlar un área o un barrio en emergencia. Ambos quedaron fuera del último borrador.
En cambio, el texto que se debate incorpora varias herramientas: allanamiento sin autorización judicial, la llamada declaración informativa (el fiscal podrá tomarle una simple declaración a las personas que aparezcan vinculadas al caso), juicio en rebeldía, medidas no privativas de libertad de escasa afectación y una modificación del sistema de recompensas.
La respuesta del gobierno a las objeciones jurídicas
Las observaciones del socialismo, de la oposición y de ámbitos jurídicos apuntaron a un mismo lugar: el riesgo de que la reforma cruce límites constitucionales o vulnere garantías. Frente a eso, el gobierno fijó posición pública a través del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.
“La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Hablamos de garantías constitucionales, menos de las que tienen los ciudadanos para que no los maten”, sostuvo el funcionario.
El argumento ciudadano no es casual. En los sondeos que maneja la provincia, las medidas más duras en seguridad registran una adhesión alta, algunas por encima del 70%, incluida la evaluación del rumbo que Pullaro le imprimió al área.
Ese respaldo popular convive, sin embargo, con una discusión política que el oficialismo no puede esquivar y que se define en las horas previas al tratamiento en el recinto.
