Santa Fe declara la guerra a los “trapitos”: La ley que busca terminar con la extorsión en las calles

El Senado provincial dio media sanción a una norma que prohíbe el cuidado informal de autos, permitiendo por primera vez que la policía actúe de oficio. La figura del “trapito”, que oscila entre la marginalidad y la coacción en ciudades como Rosario y Santa Fe, podría tener los días contados tras años de ser un problema público enquistado.

La mecánica es conocida por cualquier conductor. Una persona se para en una cuadra, marca presencia y “ofrece” cuidar el vehículo. El automovilista, ante la amenaza tácita de un posible daño si no accede, termina pagando. No es una tarifa por estacionar, sino un dinero para evitar un problema, dando inicio a lo que muchos describen como un vínculo extorsivo de baja intensidad pero cotidiano.

¿Qué establece la nueva ley?

El proyecto que avanza en la Legislatura santafesina contempla la prohibición de la actividad de cuidacoches, guarda y lavado de vehículos sin autorización en toda la provincia. Los puntos clave establecen penas de trabajo comunitario de 2 a 10 días, que pueden escalar hasta 20 días de arresto por reincidencia.

La norma deja en claro que la policía y los municipios podrán actuar de oficio para detener esta práctica. Además, las sanciones se agravan si hay violencia, amenazas, o si los hechos ocurren cerca de eventos masivos, bancos o en zonas de estacionamiento medido.

Detrás de la figura solitaria del “trapito” suele haber estructuras más organizadas. En la zona del parque de Rosario, por ejemplo, operó por años el clan “del Esteban”, que levantaba autos para desarmarlos. Cerca de los estadios de fútbol, las barras bravas y el narcotráfico tienen injerencia, mientras que en el centro de la ciudad existe un reparto de zonas con ciertas jerarquías policiales.

Un fenómeno con raíces profundas

Reducir el fenómeno a un simple acto delictivo es incompleto. Muchas de estas personas provienen de contextos de pobreza estructural, exclusión laboral y consumo problemático. “No romanticen la pobreza”, pide un interlocutor cercano al tema, señalando la complejidad del asunto.

El proyecto de ley intenta abordar esta faceta al incluir la capacitación laboral y asistencia para personas en situación de vulnerabilidad. Los municipios que se adhieran a la ley deberán definir cómo aplicarla en sus territorios, combinando la prohibición con políticas de inclusión.

La actividad tiene lugares muy visibles y casi institucionalizados. Se mencionan la traza de Pellegrini, Oroño y Pichincha en Rosario, el hombre que acomoda motos en Corrientes y Córdoba desde hace décadas, e incluso la playa de estacionamiento frente a los Silos Davis, donde una familia custodia autos cobrando una mensualidad desde hace veinte años.

¿Es un trabajador precarizado o un extorsionador? A veces es ambas cosas. La miseria no justifica la amenaza, pero la indiferencia tampoco resuelve la miseria.

El Estado ha oscilado históricamente entre la tolerancia y la represión episódica. Existen censos detallados de quienes ejercen la actividad, sus prontuarios y sus redes. Sin embargo, los operativos suelen durar pocos días y las ordenanzas se diluyen con el tiempo. “Es mejor acordar que denunciar”, confiesa un vecino, reflejando la sensación de abandono.

La pregunta de fondo que plantea esta realidad incómoda es social. Mientras el vecino queda solo frente a la escena, pagando para irse, la nueva ley busca ser una herramienta para recuperar el espacio público. El desafío será transformar la prohibición en una oportunidad real de inclusión, caso por caso.