Santa Fe endurece reglas: exigen ficha limpia a proveedores del Estado

La Legislatura santafesina aprobó una ley que obliga a contratistas y proveedores del Estado a demostrar que no tienen antecedentes penales. La iniciativa, de la diputada socialista Lionella Cattalini, busca blindar las contrataciones públicas contra la corrupción.

La nueva normativa, sancionada este jueves, establece que todas las personas humanas o jurídicas que quieran contratar con la Provincia —ya sea para obras, bienes o servicios— deberán presentar un certificado del Registro Nacional de Reincidencia. Si no lo hacen, su oferta será rechazada de plano.

¿Quiénes quedan alcanzados?

No solo los titulares de las empresas. La ley también se aplica a socios, integrantes de órganos de administración y fiscalización, representantes legales de uniones transitorias y miembros de sociedades que formen parte de esas estructuras. El control será exhaustivo.

La diputada Cattalini comparó la medida con lo que ocurre a nivel nacional: “Muchos de los empresarios de la causa de los cuadernos de la corrupción hoy son contratistas de rutas nacionales concesionadas por el gobierno de Javier Milei”, disparó.

Delitos que inhabilitan

La norma contempla un amplio abanico: corrupción, delitos contra la administración pública, económicos y financieros, homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, delitos contra la propiedad y contra el orden constitucional, entre otros del Código Penal.

Antes de adjudicar, la autoridad competente deberá verificar la vigencia de la información mediante mecanismos electrónicos o digitales. La transparencia no será solo un slogan.

Con la ley en vigor, el Poder Ejecutivo provincial podrá firmar convenios de cooperación técnica para implementar los controles. Santa Fe apuesta a que el dinero público no termine en manos de quienes manchan su historial.