Santa Fe llevó al Congreso un plan para las familias que ya no pueden pagar sus deudas

La diputada provincial Gisel Mahmud expuso este martes ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación el avance del sobreendeudamiento en Santa Fe y presentó un proyecto que busca renegociar todas las deudas de una familia en un solo trámite, sin llegar a juicio.

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia abrieron una ronda de reuniones para abordar la morosidad de los hogares argentinos. Los diputados nacionales santafesinos Pablo Farias y Esteban Paulón, autores de varias iniciativas sobre el tema, participaron del encuentro, en el que se acumulan cerca de 50 proyectos de distintos bloques a la espera de consenso.

Por los organismos convocados pasaron representantes de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), entre otros.

El diagnóstico que llevó Santa Fe

Mahmud advirtió que el fenómeno “dejó de ser un problema individual y entre privados para convertirse en una cuestión social, económica y jurídica que afecta a todo el país”.

La legisladora socialista impulsa en la Legislatura provincial un Código de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, con un capítulo dedicado al sobreendeudamiento y un sistema extrajudicial de saneamiento de deudas. La idea es que las familias puedan reunir a todos sus acreedores, renegociar el conjunto y frenar el avance de intereses que las deja sin salida.

“En Santa Fe observamos cómo el crédito dejó de ser una escalera para el progreso y se transformó en un salvavidas de la cotidiana”, resumió.

Los números que expuso

Un estudio de agosto de 2026 reveló que el 52% de las personas consultadas tiene deudas. Más del 30% se endeudó para afrontar gastos cotidianos y llegar a fin de mes, y otro 20% lo hizo para pagar otras deudas.

“Los santafesinos no se endeudaron para comprar televisores para ver el mundial como afirmó el presidente Javier Milei”, disparó Mahmud.

El Informe de la Fundación Demos muestra que, en apenas 15 meses, la morosidad bancaria pasó del 2,5% al 11,5%. Entre los proveedores no financieros —fintech, billeteras virtuales, tarjetas de supermercados y mutuales— trepó al 32,2%.

Entre enero y julio de este año ingresaron 7.465 denuncias a Defensa del Consumidor, y una de cada cuatro tuvo que ver con servicios financieros. En Rosario, los pedidos de asesoramiento por sobreendeudamiento representaron el 25,6% solo en el primer bimestre de 2026.

Préstamo responsable y renegociación

La propuesta se apoya en la nueva Constitución provincial, reformada en 2025, que incorporó la protección frente a prácticas abusivas y sobreendeudamiento.El proyecto obliga a bancos y entidades no bancarias a evaluar la capacidad real de devolución de quien pide financiamiento, asesorarlo sobre las alternativas y determinar su solvencia sin depender exclusivamente de algoritmos. Quienes presten sin evaluar esa capacidad podrían cargar con los riesgos y costos financieros.

“No puede ser que los únicos que deban ser responsables sean los usuarios y no así los prestadores que se están abusando de esta situación y que en muchos casos cobran tasas usurarias”, sostuvo.

El apartado más novedoso llega cuando la deuda ya es imposible de afrontar: un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, gratuito, que diagnostica la situación económica completa de la persona y convoca a todos los acreedores para renegociar, hacer quitas, eliminar intereses y armar un plan afrontable.

“La idea es muy sencilla: que no dejemos solas a las familias y que la única alternativa no sea iniciar un juicio largo, costoso y muchas veces inaccesible”, explicó Mahmud.

De Santa Fe al debate nacional

Ante los miembros de ambas comisiones, la legisladora planteó que el fenómeno exige articular respuestas municipales, provinciales y nacionales. “El problema del sobreendeudamiento no reconoce fronteras institucionales”, afirmó.

Recordó que Santa Fe implementó el Plan de Protección de Ingresos, que permite refinanciar deudas y fija un límite del 25% de los haberes para las deducciones. Más de 18.500 santafesinos adhirieron en apenas cuatro meses.

“Pero necesitamos que el Congreso y el Poder Ejecutivo nacional aborden las cuestiones de fondo y construyan respuestas para todo nuestro país”, pidió.

Y cerró con una definición que sintetiza el planteo: “Si el crédito se convirtió en una herramienta para sobrevivir, el Estado debe establecer reglas claras y mayores controles para que deje de ser una trampa y vuelva a ser una herramienta para proyectar”.