Santa Fe: Mahmud mueve una jugada clave para los abogados y la Corte ya tiene su rol
¿Qué pasará con las licencias de los abogados ahora que la ley ya tiene fecha de sanción? Mahmud propone sentar en la misma mesa a la Corte, el Ejecutivo y los Colegios de la Abogacía, pero hay un punto que todavía nadie resolvió.
La diputada provincial Gisel Mahmud presentó un proyecto para crear una mesa de trabajo interinstitucional que reúna al Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y los Colegios de la Abogacía. El objetivo: avanzar en la implementación efectiva de la Ley N° 14.483, que establece un régimen de licencias para abogados, abogadas, procuradores y procuradoras.
La normativa fue sancionada el 27 de agosto por la Legislatura provincial y, según la legisladora socialista, representa "un enorme avance en la garantía de derechos para los profesionales de la abogacía".
¿Qué contempla la ley?
El régimen alcanza licencias por enfermedad, maternidad, paternidad, adopción y circunstancias familiares extraordinarias. Para Mahmud, se trata de una herramienta que protege tanto a los profesionales como a las personas a las que representan, porque otorga previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia al proceso judicial.
La iniciativa nació de un reclamo sostenido por los Colegios de la Abogacía de toda la provincia, que venían pidiendo un régimen específico de licencias para quienes ejercen la profesión.
Los desafíos de poner la ley en marcha
La reglamentación y puesta en funcionamiento plantean varios desafíos que, según la diputada, requieren un abordaje integral, ya que implican un cambio relevante para el sistema de justicia en su conjunto.
"La conformación de una mesa de trabajo interinstitucional se presenta como una herramienta idónea para sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y detectar dificultades en la implementación del sistema", explicó Mahmud.
La instancia propuesta apunta a precisar los roles de cada actor del sistema judicial y a construir consensos técnicos e institucionales para consolidar un modelo procesal más eficiente, acorde a las demandas actuales de acceso a la justicia.
"Se trata de generar un espacio de diálogo técnico e institucional que permita fortalecer el funcionamiento del sistema judicial", sintetizó la legisladora, y agregó que el objetivo es promover reglas consensuadas "que aseguren previsibilidad y calidad en la prestación del servicio de justicia".
